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Diversos problemas rondan la integración centroamericana. Algunos de ellos están relacionados con los intereses nacionales en el proceso regional. Este tema está tomando importancia en la medida que la cooperación internacional, particularmente la Unión Europea, como resultado de la crisis económica, muestra dificultades para mantener su apoyo. Lo anterior se debe a que la cooperación en su conjunto financia en casi un 95 % el proceso de integración que se implementa a través del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Esto hace repensar cómo los países centroamericanos asumen el proceso, tomando en cuenta sus intereses, sobre todo a la luz de que en las cúpulas empresariales hay interés en desarrollar algunos aspectos de su conveniencia, a fin de que sus capitales puedan hacer presencia y fluir de manera libre en toda la región. Donde no existe esta visión es en las cúpulas políticas gobernantes, donde no hay consenso de cómo enfrentar, no solo esta situación, sino el avance de la integración.

A pesar que existen evidencias de las ventajas de la integración regional, como son los beneficios que puede aportar una gestión conjunta de los bienes públicos regionales, entre otros la licitación conjunta de medicamentos para salud pública, las medidas de protección a especies amenazadas, como la veda regional de camarón y otras, las profundas diferencias en la visión de qué modelo de integración adoptar, entraban al quehacer institucional del proceso.

En debates sostenidos en el marco de una serie de diálogos, apoyados por el Fondo España-SICA, se ha avanzado en conceptualizar sobre estos aspectos, así tenemos que se ha planteado que “las asimetrías en la esfera política, económica e institucional, influyen a la hora de definir los intereses nacionales de los países miembros”. La integración empezó a crear institucionalidad sin tener en cuenta las importantes asimetrías que existen entre nuestros países, en lo político, en lo institucional, en lo económico y en lo social. Se requiere una mayor homogeneidad en los estándares de desarrollo de cada país, en cada una de estas esferas, pues eliminando las asimetrías se tenderá a equilibrar los intereses de cada país y permitirá alcanzar mayores progresos.

Una crítica también ha sido que fue un error la “apuesta por un modelo, el europeo”, en lugar de crear doctrinas acordes con nuestra realidad, que habrían dado lugar a que cada país definiera cuáles eran sus intereses en el proyecto regional; igualmente que “se construyó una institución, antes de haber producido el proceso que la definiera”.

El reto es aún mayor si tomamos en cuenta que este proceso carece de espacios democráticos de participación de la sociedad civil organizada, particularmente la participación de grupos críticos propositivos, que enarbolan banderas de autonomía, quienes han estado excluidos en algún momento por considerar los gobiernos que ellos, al ser electos, representan a estos grupos, y solo toman en cuenta la opinión de los grandes grupos empresariales, que sí están bastante bien organizados y claros de sus objetivos.

Si bien es cierto que el Consejo Consultivo del SICA, espacio civil según el protocolo de Tegucigalpa, es la única instancia reconocida, este no tiene la representatividad y capacidad de incidencia de diversos grupos que no participan ni muestran interés de estar en este espacio.

Con la crisis mundial la integración está hoy bastante amenazada, se requiere entonces voluntad de los gobernantes para que las instituciones creadas jueguen su papel, igualmente que asuman los costos de las mismas ante el retiro de la financiación internacional, la que seguramente en el futuro destinará sus recursos, cada día más escasos, para garantizar que se cumplan los acuerdos comerciales del TLC y el ADA, los que benefician a las grandes empresas originarias de esos países.

Una alternativa para dar respuesta a lo anterior sería promover e iniciar una discusión incluyente, en la que desde el nivel de país hasta alcanzar el nivel regional, nos respondamos los gobernantes y gobernados qué mueve a sus ciudadanos y gobierno a participar en este proceso, culminando en un referéndum por país, lo que daría nuevos instrumentos, sin dudas más fuertes, y fortalecería lo avanzado hasta hoy en el sistema de integración.

Lo anterior podría dar paso a la elaboración de una “agenda país” para esos propósitos. Este mandato permitiría sin duda alguna lograr avances más significativos. Nicaragua tiene en este semestre la presidencia pro tempore. El gobierno podría tomar la iniciativa.

 

* Sociólogo y

economista. Presidente Ejecutivo CEDHCA