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El 4 de septiembre cumplió cinco años de publicada la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales que nació de una iniciativa ciudadana en 2003, de quienes dimos la batalla contra la privatización de este vital líquido. En noviembre de 2007 se publicó el primer Reglamento. En 2008 recibió las primeras reformas para dar plazo a urbanizadores en la gestión de sistemas de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales, que aún continúan en administración privada.

Las motivaciones de nuestra ardua lucha eran además de asegurar agua en cantidad y calidad suficiente a todas las familias, la gestión eficiente del servicio, avanzar en el saneamiento, y obviamente en la gestión de los recursos hídricos con criterio de sostenibilidad.

La Ley establece plazos, ya vencidos, para elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Los artos. 17 de la Ley y 8 del Reglamento otorgan máximo dos años para ser aprobado éste por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, indicando que cada tres años o antes debe revisarse o readecuarse. También establece que esos instrumentos deben ser ampliamente divulgados entre la población, con énfasis en el ámbito educativo para fomentar, desde edades tempranas, conciencia para proteger y cuidar los recursos hídricos.

Señala como principios rectores de los recursos hídricos, que el suministro de agua para consumo de las personas se considera máxima prioridad nacional, así como privilegiar la gestión de recursos externos para llevar agua potable y redes de aguas servidas a todas las comunidades en el menor plazo posible, refiriendo también que deben incluirse fondos en el Presupuesto General de la República.

Para la gestión del agua deben formarse Comités de Cuenca, instrumentos territoriales para velar por el cumplimiento de la Ley en el manejo del recurso agua. Estos comités gozarán de un presupuesto gestionado por la Autoridad Nacional del Agua -ANA-, y se integrarán por seis miembros, dos tercios de ellos (cuatro), escogidos en partes iguales por usuarios y expresiones de la sociedad civil vinculadas al tema. Podrá haber, cuando sea necesario, comités específicos por subcuenca. Hasta hoy pocos ciudadanos lo conocen, mientras las autoridades del Sector Agua y Concejos Municipales tampoco muestran ocuparse del asunto.

El Gobierno Central y la Asamblea Nacional no se quedan atrás en el incumplimiento. Siguen sin establecerse los cánones y tarifas que obligarían a los grandes productores agropecuarios, agroindustrias e industrias a pagar por la extracción o utilización en base a mediciones, e incluso mediante estimaciones, cuestión que el Reglamento contempla en el arto. 39, de no haberse regulado este procedimiento.

Es decir que hay fondos para el agua pero los gobernantes no quieren cobrarle a los grandes cañeros, arroceros, maniceros, etc., ganaderos e industrias (que hoy en día entregan apenas una limosna y no un canon). Sólo se cobra a los consumidores, y se hacen los suecos con los grandes productores, es decir, se les apaña para evadir la Ley de Aguas. Si los gobernantes cumpliesen con ésta dejarían atrás el consabido argumento de no tener financiamiento para ampliar y mejorar estos servicios tanto a pobladores urbanos como rurales.

Pero el asunto no acaba ahí, ya deberían estar seleccionadas y bajo cuidado especial las fuentes que permitirán tener agua segura a un horizonte de 25 años. Hay dos artículos del Reglamento que los ciudadanos debemos conocer, y pedir cuenta de ellos a alcaldes y autoridades sectoriales (Artos. 71 y 72). En ellos se regula sobre el uso del agua para consumo humano y manda a planificar con seriedad las fuentes. El Plan debe especificar fuentes potenciales de agua potable, determinar la prioridad del consumo humano y las acciones para su debida protección.

El día a día en las comunidades rurales es buscar fuentes para saciar la sed. Usualmente encuentran eco en ONG nacionales e internacionales ya que la mayoría de los alcaldes refieren carecer de fondos. Los funcionarios de ANA con la pasividad que les caracteriza, ignoran la tarea de seleccionar y preservar las fuentes que nos eviten en pocos años caos en el acceso al agua potable. Contradictoriamente se aprecia que el despale inmisericorde avanza sin tregua, aún en las zonas de amortiguamiento de Bosawás y otras reservas. No advierten que nos estamos quedando sin fuentes de agua y que han convertido la Ley 620 en papel mojado.

En este país de proyectos jactanciosos (Canal interoceánico, satélites, refinerías, etc.), los gobernantes deberían poner los pies sobre la tierra y empezar por lo elemental, el agua que implica salud. Además, aunque el tema moleste, recordemos que “es responsabilidad del Estado con la participación de los Gobiernos municipales asociaciones de municipios, sector privado, ONG y población en general, la protección, conservación y destino de las aguas del Gran Lago de Nicaragua”, considerado por la Ley como la reserva natural de agua potable, el más elevado interés y prioridad nacional.

Los ciudadanos debemos exigir mayor sensatez y responsabilidad a las autoridades.

 

* Plataforma por el Desarrollo

Sostenible de Nicaragua