Jorge Eduardo Arellano
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El regreso de Daniel Ortega al gobierno ha significado un reto a la Autonomía, con mayúscula, porque está enfilado contra todo aquello que huela a capacidad de autogobierno, de autoorganización y de pensar con cabeza propia. No importa si se trata de las organizaciones de la sociedad civil, de los municipios y de los territorios de la Costa Caribe, o de los medios de difusión. El régimen Ortega bis tiene en su raíz un cromosoma hegemonista que no entiende que haya parcelas autónomas fuera del redil del gobierno y por ende del partido. Sus oficinas son la mejor metáfora de ello: vivienda, despacho presidencial y cuartel general del partido. Tres en uno.

Podría atribuirse la tara vanguardista al origen leninista de su partido, pero ya sabemos que el querido timonel era el menos leninista de los comandantes de la añeja Dirección Nacional. Por eso no hay de otra que acreditárselo a su vena caudillista, al reflejo de su imagen sempiterna en carteles, rótulos y propagandas desde 1984, cuando subió a los altares de donde ya no quiso apearse más.

La autonomía de la sociedad civil
Desde 1990 la sociedad civil ha experimentado transformaciones en todos sus ámbitos: en las formas de organización, en la diversidad de sus agendas y en sus grados de especialización, entre otros rasgos. Algunos autores repiten mecánicamente que a pesar de esta complejidad la sociedad civil nicaragüense sigue siendo “débil” por su pobre capacidad de articulación, “magra” por su baja capacidad de movilización, “frágil” por sus continuas rupturas y su dependencia excesiva del financiamiento internacional. Pero con frecuencia se olvida de dónde viene y dónde estaba hace unos años, entre guerras y bajo las sombras de los grandes temas del Estado, la Iglesia y el mercado, los tres cerrojos que han postrado a la sociedad civil.

Por el origen de una buena parte de las organizaciones surgidas en estos 18 años, los gobiernos liberales atribuyeron un vínculo estrecho entre éstas y el FSLN, al punto de suponer que detrás de sus reivindicaciones siempre estuvo la mano pachona de la vanguardia. El FSLN, aún sabiendo que sólo controlaba algunas parcelas de este nuevo tejido asociativo, en el fondo terminó creyendo las cábalas de los gobiernos de turno. En un exceso de optimismo, algunos jerarcas del danielismo supusieron que el grueso de la nueva y de la vieja sociedad civil se cuadraría ante su gobierno para volver a los tiempos de “antes”.

Grave error de cálculo. Este realineamiento no se produjo porque, salvo en contados casos, el FSLN jamás estuvo en estos 18 años del mismo lado que las organizaciones de la sociedad civil, y cuando lo estuvo sólo fue para capitalizar las luchas sociales y cooptar a sus protagonistas, llámese movimiento estudiantil, transportistas o trabajadores del campo.

Pero en los otros temas, generales, como la institucionalización de la democracia, o específicos, como la lucha contra la corrupción, el FSLN se mantuvo en su coto privado de la Asamblea Nacional o en los aposentos del co-gobierno.

En cambio, las organizaciones de la sociedad civil se las arreglaron para reinventarse y plantar cara a los gobiernos de derecha en terrenos donde funcionaron con harta frecuencia como la verdadera oposición, no importa si se trataba de dar respuesta a los damnificados del Mitch o de rebatir el moralismo medieval de los gobernantes ante el Manual de Educación Sexual. En estos temas, como en un larguísimo etcétera, el FSLN miró para otro lado o simplemente calló en complicidad con los neoliberales.

Por fortuna esto abonó a que una buena parte de las organizaciones sociales crecieran en su autonomía, desarrollando mejores capacidades para elaborar estrategias propias sin esperar la “línea” de arriba, dotándose de liderazgos propios que representaran los intereses agremiados en vez de los partidistas, y diversificando --y especializando-- sus áreas de desempeño.

Nadie en su sano juicio puede decir que esta nueva sociedad civil haya entregado su autonomía conquistada a gobierno, corporación o partido alguno. De allí las luchas de sus organizaciones cada año, desde 1999, para que el Conpes fuese un espacio deliberativo con las autoridades los más plural e incluyente posible.

Por eso no se entiende (o sí se entiende) el odio enfermizo del gobierno Ortega contra el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que no son complacientes con sus disparates, ni callan ante sus atropellos a las leyes y a las instituciones que sus propios diputados en su día aprobaron. No se entiende (o sí se entiende) que el gobierno se queje del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que fiscalizan el desempeño de las agencias del gobierno, si éste ha sido su trabajo todos estos años.

La campaña más reciente desatada contra las ONG, particularmente contra Cinco y contra el Movimiento Autónomo de Mujeres, y en contra una de sus dirigentes más reconocidas, Sofía Montenegro, tiene varios propósitos. El primero, silenciar dos de los focos de críticas más contundentes con el desgobierno de Ortega. Segundo, la profilaxis, aleccionar a todas la demás organizaciones sociales a “no meterse en política”, a quedarse quietas en los patios de su labores asistenciales. Tercero, dar el golpe definitivo que acabe con la insubordinación de la parte de la sociedad que faltaba por controlar. Cuatro, volver al discurso único que orienta la Gran Hermana en sus largas peroratas y en sus mantas rosa-chicha.

Para ello se apoyan en ex directivos de ONG, hoy altos funcionarios, que hasta hace poco cantaban a los cuatro vientos “la madurez de la sociedad civil para fortalecer la gobernabilidad democrática fiscalizando las actuaciones de los gobiernos en Nicaragua”. Ahora quieren convertir aquellas capacidades en pruebas de sospechas, en maquinaciones que llevan caballos de Troya tras los muros de sus poblaciones de apoyo.

Tal vez este nuevo zarpazo de la tentación autoritaria tenga de positivo que ayude de una vez a definir de qué lado estamos quienes decimos trabajar por la radicalización de la democracia: o nos quedamos quietos en nuestros rincones esperando que pasen estos cinco años, o seguimos dando pelea como lo hemos hecho los últimos dieciocho.

Los gobiernos anteriores no creían en nuestra autonomía. El actual no la quiere, la desprecia porque lo opuesto a la hegemonía es la autonomía. Hoy es el turno de la sociedad civil, después vendrá el turno de los municipios y de los gobiernos regionales del Caribe. Desde hace meses empezó el turno de los medios de difusión. En estos cinco años cada día será el turno de la autonomía, porque en una sociedad altamente autonomizada no hay lugar para los partidos vanguardistas.