Jorge Eduardo Arellano
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Los impuestos directos suelen denominarse de esta forma en tanto que deben gravar índices directos de capacidad contributiva, es decir, renta o patrimonio. Se les denomina directos en tanto que es posible realizar una conexión entre la magnitud de riqueza gravada y las circunstancias personales del contribuyente. Así pues, en el caso del Impuesto sobre la Renta (IR) --que debemos pagar hasta el 30 de septiembre-- es posible que las empresas se deduzcan aquellos gastos inherentes a la creación de las utilidades del período fiscal 2007-2008 --y también gozar de exenciones determinadas por la ley--, mientras que a las personas naturales en la mayoría de los casos sólo les es permitido la deducción de las cotizaciones de la seguridad social.

Respecto de los impuestos indirectos, que gravan el gasto o el consumo, no puede establecerse el vínculo antes señalado. Así pues, tanto IVA paga Ud. cuando va al supermercado, como el señor que --hipotéticamente hablando-- le antecede en la fila, sin que para ello sea relevante que éste sea una persona natural con altos niveles de ingreso.

Así pues, en línea de principio, solemos decir que los impuestos directos son mucho más justos que los indirectos. El problema surge respecto del diseño que la ley establece para gravar cada uno de estos índices: renta y patrimonio por un lado, o gasto por el otro.

En el caso del IR, y respecto de la familia nicaragüense, el tema es sumamente delicado y preocupante porque no son deducibles de la renta bruta de las personas naturales los gastos generales y de sustento del contribuyente y su familia, entendiendo por tales, a modo de ejemplo y no taxativo, boletos de avión, alquiler de vehículos, compra de bienes, pagos de tarjetas de créditos, hospitales, clínicas, laboratorios, colegios, seminarios, simposios, cursos de cualquier índole, universidades, arrendamiento y adquisición de bienes muebles o inmuebles.

Esta situación hace insoportable el tratamiento fiscal que nuestra ley, irónicamente intitulada “de equidad fiscal”, establece para la familia nicaragüense. A su vez, es contradictorio con una serie de derechos y principios que la tributación sobre la renta en Nicaragua debe obedecer, sobre todo en el marco de la protección constitucional a la familia, a la cual nuestra Constitución no dedica un artículo, sino un título entero, partiendo de la premisa de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y acogiendo por tal razón que el patrimonio familiar se encuentra libre de toda carga pública.

A su vez, la imposibilidad de deducirse en el IR los gastos de salud, educación o vivienda, contradicen totalmente las disposiciones constitucionales que aseguran a los nicaragüense el goce de estos derechos, los cuales deben ser fiscalmente protegidos a través del impuesto que mejor permite adecuar la carga fiscal a las circunstancias del contribuyente.

En ocasiones anteriores nos hemos referido a esta situación, haciendo hincapié en que el sistema fiscal en general, y el del IR en particular, deben acoger en el sitio privilegiado que le corresponde a la familia nicaragüense.

De cara a una reforma tributaria, los legisladores debieran tomar en cuenta esta situación y permitir, aunque sea en una mínima cuantía, tal tipo de deducciones. En los países centroamericanos se determinan este tipo de deducciones, lo que demuestra que Nicaragua entraría con esta reforma en el contexto fiscal centroamericano.

Más incluso, existen sentencias de los tribunales constitucionales de otros países que por las mismas razones han declarado inconstitucional el impuesto sobre la renta, argumentos que son inmediatamente trasladables al ámbito nicaragüense, y que han incluido en la sentencia correspondiente un llamamiento al legislador de cada uno de esos países a urgir una reforma tributaria que incluya un tratamiento digno a la familia.

De todo ello se sigue que de cara a una reforma tributaria el tema de las deducciones por este tipo de gastos, deba ser incluida en el tratamiento del Impuesto sobre la Renta a la familia nicaragüense; caso contrario, no se harán efectivas las exigencias que la Constitución determina para la protección fiscal de la misma.

*Profesor de derecho tributario (UCA).

Doctor europeo en derecho financiero y tributario por la Universidad de Salamanca, España.