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“- ¿Y también lo quieres cuando te pega, cuando te tira de los cabellos y te dice puta?

- Sí, también entonces lo quiero. Sé que te hizo mal, que me hace mal a mí, pero no importa...

... - Tómalo como quieras, pero es mi hombre y no puedo abandonarlo.”

 

Claribel Alegría (El detén, 1977).

 

La violencia intrafamiliar (VIF) y sexual conlleva una tragedia humana lamentablemente más común de lo que se cree; afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Constituye un problema de salud pública y seguridad ciudadana, y es, según el Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica 2009–2010, uno de los delitos silenciados de mayor preocupación e impacto social por cuanto reproduce en sus diversas manifestaciones la violencia.

La acción social e institucional requiere reducir la victimización de mujeres y niños, que en general ha sido creciente principalmente en la VIF y sexual; robos, violaciones y lesiones. Algunas veces el abordaje de la denuncia de las víctimas está cargado de trámites burocráticos, falta de sensibilidad, es insuficientemente humana y no efectiva.

Aunque se reconoce a las Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional como instancia especializada de atención a las víctimas de VIF y sexual, “existe la percepción de que no brinda el apoyo suficiente debido a que no cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con la demanda de sus servicios” (diagnóstico VIFS, PNUD, 2008). Existen vacíos en el análisis y profundización del problema que requieren articular el sistema social, policial y penal. El estudio indica que los hechos de VIF entre 2003 y 2007 corresponden a lesiones (47.6%), faltas penales (20.4%) y amenazas (15%), y que el 77% de las mujeres víctimas ha sufrido la agresión en su casa.

Entre el 2000 y 2011 el porcentaje medio de mujeres víctimas de homicidio (asesinato, homicidio doloso, homicidio culposo, parricidio, feminicidios, otros) ha sido de 11.4%; fue significativamente mayor en 2000, 2001, 2002 y 2009. Los menores porcentajes fueron en 2005 (8.9%), 2011 (9.1%), 2006 (9.6%) y 2007 (9.7%). En los doce años mencionados, las muertas por la violencia delictiva han sido 78 cada año, de las cuales un tercio se relacionan con violencia intrafamiliar.

En 2009 por primera vez en las últimas dos décadas se superó la barrera de cien víctimas, y se alcanzó la preocupante cifra de 105. Afortunadamente en los años siguientes (2010 y 2011) hay reducción de las víctimas fatales de violencia (en relación a 2009), volviendo a la magnitud de mediados del dos mil. Entre 2009 - 2011 cada mes han sido víctimas de homicidio 67 personas de las cuales 60 son hombres y 7 mujeres.

Aunque desde 1993, cuando se fundó la primera Comisaría de la Mujer y la Niñez en el distrito 5 de la Policía de Managua, como un esfuerzo interinstitucional y de organizaciones no gubernamentales, ha sido constante el mejoramiento de sus capacidades, sin embargo, diversas quejas conocidas a través de los medios de comunicación y de particulares que no recibieron la debida respuesta, muestran preocupación sobre el posible descuido en la calidad de la atención de la denuncia por el insuficiente seguimiento a los casos presentados por quienes sufrieron VIF.

La expansión cuantitativa de las comisarías al pasar de trece a casi cincuenta oficinas en el país durante una década sin sólidos mecanismos de selección y capacitación, procedimientos efectivos e insuficiente supervisión del servicio, incluso sin contar con el soporte técnico y logístico pertinente, quizás traen como consecuencia la percepción de deterioro de la calidad en la atención a uno de los problemas sociales más sensibles.

Es lamentable que el descuido hacia la persona lleve a revictimizar y agudice el padecimiento de la víctima. Además de sufrir en su casa de habitación, ahora puede ser afectada por el incómodo calvario de la vista pública, entre la repetición de las declaraciones y dictámenes, los papeles que se pierden, confunden o se quedan trabados, las esperas, las preguntas sin respuesta y cuando sin brindarle la atención solidaria ni protección adecuada y oportuna que amerita, se encuentra inexplicablemente “ausente” o desinformada del proceso que le afecta.

Descuidar, atender mal o no resolver de manera humana, ágil y efectiva la denuncia de VIF o abuso sexual puede llevar a consecuencias fatales contra la denunciante, además de generar mayor impunidad y reproducir la violencia social.

 

Managua, 26/9/2012

www.franciscobautista.com