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Fue la inveterada necesidad del Gobierno de dar trabajo a sus incondicionales para despedir a unas 23 mil personas desde enero de 2007. Multiplicadas por un promedio de 4 resultaron 100 mil personas afectadas. Y ahora no les pagan sus prestaciones de Ley.

Con esta actitud caen develadas las palabras de quienes difunden que este es un Gobierno cristiano y solidario pues afectó a jefes de familia, a niños No me explico cómo este Gobierno difunde sus principios y actúa de otra manera. Doble discurso, le llaman los politólogos.

También se devela que este es un Gobierno insensible. Que a la hora de castigar aunque sea a inocentes no se detiene. Cualquier Gobierno se debería sentir moralmente obligado con quienes despidió y ordenar el pago de Ley de sus prestaciones de inmediato, como era en el pasado. Sería interesante conocer a cuántos técnicos despidieron, a cuanto neófito ingresaron. Si incondicionales reemplazaron a técnicos, afectando al Gobierno. Lamentablemente lo Contencioso Administrativo no regula eso.

Si el Ministerio del Trabajo existe para proteger a los trabajadores, debería promover un Reglamento donde se consigne la protección de los derechos de un despedido (a), e imponer un recargo al empleador que retrase más de 10 días el pago de sus prestaciones sociales, incluyendo al Gobierno. Igual al recargo por retraso de la entrega del aguinaldo.

El Arto. 42 del Código ordena el pago de las prestaciones proporcionales; el Código también ordena la intervención de una Comisión Tripartita para tratar un despido. No se sabe si el Mitrab ha protegido a estos 23 mil trabajadores en sus reclamos. Sería justa una Ley que ordene prioridad de contratación a los despedidos en otras posiciones del Gobierno.

También se debería reglamentar la posición jurídica de que los bienes del Gobierno son inembargables. Los representantes de éste se amparan en esta posición. para impedir ser embargados. El Código de Procedimiento Civil señala que el embargo es únicamente contra un bien cuyo valor sea equivalente al monto de la obligación.

Quizá este derecho nunca sea realidad, porque este Gobierno desobedece las sentencias que protegen a quienes afecta. Pobre del diputado orteguista que se atreva a mocionar algo que se oponga a esa actitud del Gobierno. Estas sentencias proceden de un juzgado que –aparte de fallar- no puede hacer nada más.

Que ante su impotencia, los afectados tienen que acudir a Tribunales regionales. Y que el Gobierno acude a estos Tribunales buscando apoyo como el caso fronterizo con Costa Rica, pero los desobedece cuando este Tribunal falla en su contra.

También se devela que los secuaces dirigentes sindicalistas son como un grupito de oradores picaditos de estanco que defienden las posiciones del gobierno pero que, ante estas injusticias contra la clase trabajadora- son gallinas amurriñadas metidas en la cueva de su silencio. Qué triste se debe sentir el “correveydile”, heraldo orteguista que llevaba la orden del despido de funcionarios, y electos por el pueblo, corrido y repudiado ahora.

Estoy casi seguro que a los funcionarios orteguistas que han sido transferidos o han renunciado de sus trabajos, sí les han pagado sus prestaciones. ¿Por qué el Gobierno -a través del Mitrab- exige a los empleadores de domésticas cumplir con una Ley que en términos similares el Gobierno no cumple con sus empleados? ¿No es igual la obligación para todos?

*Abogado y Notario