Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

Reconozcámoslo. La mayoría de los nicas tenemos hiper-desarrollado el placer de hablar. No podemos quedarnos callados. Aunque no tengamos ni la menor idea del asunto tratado, la cuestión es no callarse. Y este deseo insaciable por opinar de todo, mezclado con una “ignorancia sana”, es como una pincelada pintoresca de nuestro paisaje local. Rasgo curioso e incluso gracioso.

Sin embargo, cuando se “opina” o se “informa” con intensión de engañar, ya no se está disfrutando del deporte nacional de no quedarse callado. Lo que antes fue pintoresco ahora se torna grotesco. Algo de esto sucede cuando se habla de las “organizaciones ilegales”. Parece que el protagonista ya no es la “sana ignorancia” mezclada con ganas de hablar, sino un deliberado deseo de atropellar.

La licitud: único límite a la libertad de asociación
Primero que nada, conviene tener presente que todos los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. Así se puede leer en art. 2 de la Constitución: «El pueblo ejerce la democracia decidiendo y participando libremente en la construcción del sistema económico, político y social, que más conviene a sus intereses». Pero este derecho presupone otro muy importante: el derecho a organizarnos.

Por eso se estableció en el artículo 49: «En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad»,
Esto quiere decir que la libertad de organización o de asociación en Nicaragua es muy amplia, tan amplia que el único límite que cabe a este derecho es la licitud del fin para el cual nos organizamos. Pero, incluso este fin, es descrito con amplitud manifiesta por el propio legislador: «la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses». ¿Y cuáles son esos intereses? Pues serán aquellos que los miembros de cada organización deciden que son, sin mayor justificación, porque allí les apunta la nariz, o porque allí les “chima” el zapato.

En definitiva, lo único para lo que no cabe organizarse lícitamente, es para lograr un fin ilícito, por ejemplo: para cometer un delito. De manera que la sucursal del Cártel del Sinaloa en Nicaragua, es sin duda, una organización ilícita, porque en Nicaragua está expresamente prohibido traficar con drogas no autorizadas.

Ahora bien, esta determinación del constituyente “según sus propios intereses” se dijo, hace que en Nicaragua, aparte del requisito de la licitud del fin perseguido, no quepa la posibilidad de limitar sustantivamente el derecho de asociación. Podría regularse mejor, pero no limitarse.

Dicho en tono popular, si el fin es lícito, los nicaragüenses tenemos derecho a organizarnos “como nos de la gana” y “para lo que nos de la gana”, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Así lo pactamos hace 21 años y quedó escrito en la Ley fundamental.

La personalidad jurídica: harina de otro costal
Una cuestión muy distinta es si la organización que ya hemos creado puede o no llegar a gozar de personalidad jurídica propia, diferente a la de cada uno de los miembros que la formamos. Esto es, si podemos llegar a relacionarnos con otras personas u organizaciones como si fuéramos uno y no varios.

Pero aquello que llamamos «personalidad jurídica», ni es, ni puede entenderse como un requisito que restringe el derecho fundamental de los nicaragüenses a organizarse o asociarse, “como les de la gana” y “para lo que les de la gana”.

La personalidad jurídica permite a la organización relacionarse con el resto de la sociedad como si fuera una sola persona, pero no es un límite a la libertad de organizarse y su carencia no presupone ilegalidad. Ello explica que hallan infinidad de organizaciones a las que en nada perjudica no contar con personalidad jurídica (equipos de deportes, clubes de amigos, grupos de oración, movimientos sociales, grupos de opinión, asociaciones de alumnos, en incluso los CPC, etc.).

Los caminos para la personalidad jurídica
Ahora bien, en Nicaragua sólo hay dos caminos para que una organización pueda gozar de personalidad jurídica. Por un acto legislativo o ejecutivo (una ley o un decreto): el Estado, las Regiones Autónomas, los municipios, las corporaciones, los entes descentralizados, etc. O, como resultado de llenar todos los requisitos que el ordenamiento exige a partir de un negocio jurídico privado. Éste es el caso de las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles, las ONGs, las fundaciones, etc.

De manera que si su organización no tiene personalidad jurídica, no se angustie. Ciertamente no podrá disfrutar de las ventajas de la personalidad jurídica, tal como contratar a nombre de esa personalidad, pero siempre puede hacerlo el miembro que la mayoría decida. Lo más importante es que su organización no es ilegal por carecer de personalidad jurídica.

Ahora bien, si les interesa y les facilita las cosas, pueden gestionar la personalidad jurídica de su organización, preparen los bolsillos y llénense de paciencia.

aguilar@usal.es