Jorge Eduardo Arellano
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En política exterior es evidente que el Presidente Ortega no está siendo bien asesorado. En poco más de un año de gobierno el país ha sido sometido constantemente a tensiones internacionales, que si no fuera por la obstinada posición del presidente rayando en lo anticuado de una retórica agresiva y desfasada en el contexto de nuestra región, el país hubiera sorteado de mejor manera todos esos innecesarios conflictos.

La postura oficial de completo rechazo a los mecanismos democráticos e institucionales que a nivel continental se han establecido a través de la Organización de Estados Americanos como la Carta Democrática Interamericana, misma que fue suscrita y ratificada por el Estado nicaragüense, encuentra eco en las demás instituciones del Estado como el Consejo Supremo Electoral, cuyo presidente, el magistrado Roberto Rivas, ha acusado a su Secretario General, José Miguel Insulza, de injerencista, atrevido y sin moral para observar las elecciones, por el simple hecho de que éste criticó la cancelación la personería jurídica de dos partidos en el país. Actitud, la del magistrado Rivas, muy similar a la que tomó el presidente Chávez en el pasado cuando el secretario Insulza se mostró preocupado por el cierre del canal de televisión RCTV en Venezuela.

Existe una dicotomía muy marcada entre los postulados de la Carta Democrática Interamericana; y más aún, entre lo que representa la OEA como organismo continental llamado a velar por el desarrollo de la democracia en la región, la gobernabilidad y la institucionalidad en todos y cada uno de los Estados miembros y las prácticas de gobierno que está implementando el presidente Ortega en nuestro país.

El gobierno nicaragüense actúa, precisamente, en sentido contrario a todos los principios democráticos que promueve esta organización continental. El régimen que está levantando el gobierno sandinista en Nicaragua está vulnerando las bases de la democracia y socavando con ello los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense; tal y como lo refiere el artículo 7 de la Carta Democrática Interamericana, que establece que la democracia es indispensable para el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

Desde que asumió el poder, el presidente Ortega ha cuestionado el modelo de democracia representativa y ha pregonado lo que él llama “democracia directa”. Sin embargo, esta postura del mandatario está vacía de contenido; no posee ningún trasfondo filosófico sobre lo que debe ser un sistema de gobierno como el que él propone. Su democracia directa --a través de los CPC--es un embuste. El verdadero trasfondo de su programa de gobierno; y no me refiero al documento que durante la campaña de 2006 se presentó a la ciudadanía y del cual nadie ya se acuerda comenzando por el mandatario, es el poder por el poder.

Empero, no será fácil para el gobierno desligarse de este Órgano Hemisférico, porque el retiro de la OEA golpearía gravemente la credibilidad y de cierto modo la legitimidad del gobierno. Si un Estado quiere ocultar lo que está haciendo de la vista de sus vecinos es señal de que no es, a final de cuentas, muy transparente que digamos.

¿Qué Estados latinoamericanos darían reconocimiento y legitimidad a procesos electorales cocinados en la oscuridad de un pacto político local y según las recetas de los caudillos de turno? Muy pocos en realidad. La presencia de la OEA y el importante trabajo que ésta desarrolla en varios ámbitos, fortalece la labor de los gobiernos que respetan los principios mínimos de desarrollo democrático.

Si el gobierno sandinista retira a Nicaragua de la OEA perdería mucha credibilidad internacional. Ése sí sería el suicidio político continental de este gobierno. Ningún otro organismo regional como el ALBA o el ALBA-Caribe podrían compensar semejante afectación en términos de imagen y de legitimidad. El costo político es muy elevado. La OEA está ahí, lo quiera el presidente o no y tendrá que lidiar con ella y con los cuestionamientos que este organismo haga respecto a las prácticas cada vez menos democráticas de su gobierno.


*Especialista en economía gubernamental. Catedrático invitado de la Universidad Autónoma del Noreste, México.