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Son muchas las ventajas que el arbitraje nos ofrece a la sociedad nicaragüense. Además de la solución rápida y eficiente de la controversia, este mecanismo se caracteriza por la confidencialidad de los hechos, por la especialización e idoneidad de los árbitros designados para resolver el conflicto, por la relación flexible entre las partes y los árbitros y, sobre todo, por la ausencia de rigorismos y formalismos (“excesos rituales”, entre otros) propios de los procesos judiciales.

Las distintas manifestaciones públicas donde han participado amplios sectores sociales, tan comunes en nuestro país, como los recientes tranques de los taxistas en Metrocentro que desencadenó en la captura violenta y el posterior juicio penal a cuarenta de ellos, además de los cuantiosos daños materiales en sus automóviles, como a todos los negocios del sector, genera una imagen negativa de la convivencia pacífica y de la paz social que todas las instituciones públicas pregonan para atraer el turismo y la inversión extranjera.

Debemos preguntarnos, ¿por qué no fue posible mediar de previo este conflicto social? O en su caso, ¿por qué no llevarlo a un arbitraje? Los taxistas expresaban públicamente que estas autoridades no se sientan a negociar si no ven (existencia de) tranques a las vías públicas, heridos y presos ¿Es acaso la protesta violenta la única manera de ser escuchados? ¿Acaso existe complicidad de las autoridades en este tipo de protestas?

Recientemente, todos los movimientos de “veteranos de guerra”, también trancaron las carreteras para poder ser escuchados y poder negociar sus demandas sociales, porque las autoridades estatales no les otorgan una audiencia si no existe esa presión que afecta a todo el comercio y a la libre circulación por las vías públicas.

Los “productores de leche” también realizaron sus tranques de carretera para poder obtener mejoras en los precios de sus productos acordes a la realidad económica del país. Es decir, siempre se establecen tranques en las vías públicas, que limitan derechos constitucionales de quienes no estamos involucrados en esas protestas, pero que de forma indirecta nos van a afectar en los precios de los productos de primera necesidad.

El problema es que la cultura del pleito, del conflicto, está inmersa en nuestra sociedad, y también está arraigada en nuestras autoridades, en las Instituciones de Estado y principalmente en los abogados que tratan de resolver todo conflicto por la vía del juicio.

Con el tiempo, se ha abierto un parte aguas entre los abogados que se quedan con los conocimientos básicos de las leyes nacionales, “peleando en el Vietnam nica”, y los abogados de la acera de enfrente que se han preocupado en actualizar y estar al día en sus conocimientos en computación, inglés u otros idiomas, así como en la mediación y el arbitraje en todo tipo de negociaciones internacionales. Estos últimos son los abogados requeridos por las empresas en desarrollo para esta actual era de globalización.

Hoy se requiere de un abogado multidisciplinario que conozca sobre Métodos Alternos de resolución de Conflictos, pero también el lenguaje del comercio internacional; capaz de emitir un dictamen correcto de las controversias que surgen de contratos iniciados de buena fe, y donde los contratantes seguirán ejerciendo sus transacciones por varias épocas, es decir, se desea mantener ese vínculo comercial.

Los Tratados de Libre Comercio requieren abogados, al día de hoy, que conozcan estos métodos alternos de resolución de conflictos, pero aún más, la sociedad nicaragüense los demanda para cambiar el paradigma de esta cultura de pleito, de violencia tan arraigada en nuestra sociedad, y así pasemos a una cultura de Paz y convivencia social.

 

* Abogado y Notario Público

Profesor Titular UNAN-Managua