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La cuestión más candente que los líderes europeos abordarán en esta cumbre es la posibilidad de los rescates europeos directos a la banca. Y la que más urge a España, que de lo contrario deberá añadir sus 40.000 millones de euros a su deuda pública. Lo que conlleva un coste de financiación en torno a los 2.000 millones anuales. En absoluto despreciables, darían para muchas becas Erasmus, para actualizar muchas pensiones, o para recuperar el tijeretazo de las inversiones en obra pública previsto para 2013.

En la cumbre del 19 de junio se decidió que se podía “recapitalizar directamente los bancos” pero solo “cuando se establezca un mecanismo único y efectivo de supervisión” bancaria encabezado por el BCE.

El Eurogrupo y la Comisión interpretaron que el dinero europeo sería el último responsable -y no el Tesoro español- del salvavidas a la banca, y que así el montante de la ayuda no se contabilizaría como más deuda.

Pero en una mesa camilla facciosa, los ministros de Hacienda alemán, holandés y finlandés lo desnaturalizaron el 25 de septiembre. No violaron su apariencia textual, sí su espíritu e interpretación dominante y oficial: el fondo de rescate ‘podrá responsabilizarse de los problemas que ocurran bajo el nuevo supervisor, pero los heredados deberían quedar bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales’.

La Comisión y el BCE se aprestaron a apoyar a Berlín: aquella con argucias leguleyas de rábula. Este, aplazando a 2014 el inicio “efectivo” de su tarea supervisora, que se suponía para 2013. Ambos, apoyando a Angela Merkel en tedeum a su (siempre arduo) esfuerzo por contener al ultra Bundesbank, que combatía toda operación de compra de bonos periféricos por el BCE. Los sureños se han opuesto al escamoteo.

Si se confirma, el acuerdo del 29 de junio se habrá desleído, aunque no conculcado frontalmente, ese matiz. Pero el ciudadano europeo resulta perjudicado por cuanto la presunción de seriedad de los acuerdos trabados entre sus líderes se debilita: abono para la incertidumbre. Y el contribuyente español se lleva un varapalo.

Razones suficientes como para que Mariano Rajoy no se rinda a la primera de cambio, insista en el pacta sunt servanda, en que hay que honrar los pactos, para en todo caso al final lograr una compensación por carambola. ¿Cuál?

Por ejemplo, presupuestaria. Veamos. El presidente Van Rompuy propone como conclusión de la cumbre unas cuantas medidas de enorme interés que apuntan a una plena unión económica y... también política: de control democrático sobre la política económica a unificar.

Entre ellas, destaca el avance hacia “un marco presupuestario integrado de la eurozona”, que incluya cierta ‘solidaridad fiscal’, ese seudónimo de mutualizar deuda o emitir eurobonos.

Pues bien, desarróllese ese presupuesto de los países del euro, compatible con el de los Veintisiete. Incorpórese ya el principio de una partida de ayuda de urgencia a los presupuestos de los países tambaleantes, de forma que sus recortes en inversiones de futuro (tecnología, I+D, programa Erasmus) sea compensada por los socios.

Eso es solidaridad fiscal y eso es lo que hace el presupuesto federal de EU, a mansalva cuando un Estado federado quiebra: no se le rescata la deuda, se financian sus programas presupuestarios devenidos incumplibles por culpa de esa quiebra. Eso, en cuanto al gasto.

En cuanto al ingreso, lo ideal es que ese presupuesto se alimentase con el impuesto sobre las transacciones financieras, la resucitada tasa Tobin, por su impronta transnacional y su potencia recaudatoria. Pero para ello deberían apuntarse a ella todos los de la moneda única.

En este asunto, el tamaño importa, y mucho. El presupuesto actual, del 1% del PIB, es ridículo. En EU -aunque las competencias federales que ejecuta la federación son más amplias- supera el 20% del PIB.

 

* El País