León Núñez
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No hay duda que entre 1990 y 2002 no ha sido poco el dinero que los funcionarios públicos invirtieron anualmente, vía tarjeta de crédito, en gastos de representación. Yo no conozco la suma exacta de estos gastos, que son cubiertos con los impuestos, pero tengo informes de que, con relación a la pobreza del país, la cifra es espeluznante.

Yo no creo que este derroche sea el resultado de conductas abusivas de los tarjetahabientes. Yo pienso que se debe a la circunstancia de que todavía no se ha definido el concepto de gastos de representación. Al no haber una definición cada funcionario se tiene que ver obligado a actuar conforme su propio criterio. Y todo parece indicar que existen muchas como diferentes tesis sobre lo que es un gasto de representación.

No voy a exponer una clasificación de las diferentes posiciones conceptuales que existen sobre los gastos de representación. Esto sería imposible en un artículo periodístico. Pero sí vamos a señalar algunos ejemplos —los más comunes— que nos van a revelar la existencia de diversas ideas sobre el tema.

Existen funcionarios públicos que tienen una concepción supermercadotécnica del gasto de representación. Para ellos es correcto utilizar la tarjeta de crédito para comprar en los supermercados todo lo que la familia necesita tener en la despensa de su casa, incluyendo comida para perros. Este comportamiento es común. Y como nadie hace objeciones, debe presumirse que este concepto supermercadotécnico es de una moralidad intachable.

Hay funcionarios que tienen, además de la concepción anterior, un desarrollado sentido gastronómico y etílico de los gastos de representación, que se traduce en frecuentes bebederas y comilonas en restaurantes de lujo. Son los mejores clientes en esos escenarios. Suelen invitar con frecuencia. Cuando pagan ni revisan la cuenta. Entregan al camarero la tarjeta de crédito con displicencia, y firman con el talante propio del que nada le cuesta.

Por otra parte, existen funcionarios que también utilizan sus tarjetas de crédito para comprarse buena ropa. Cuando salió publicada la noticia de que el Viceministro de Cooperación externa del gobierno de doña Violeta había gastado miles de dólares en la compra de varios trajes, el citado funcionario se defendió con el argumento de los gastos de representación, y explicó que él, en su representación, fundamentalmente en el exterior, tenía que mostrar, con su atuendo, una buena presentación.

Sin entrar a considerar la percepción draiclinezca de algunos funcionarios públicos, siempre listos a pagar en la lavandería con sus tarjetas de crédito el lavado y planchado de su ropa y de su familia, y sin detenernos a reflexionar sobre el criterio generoso del gasto de representación —la compra artículos caros- con la famosa tarjeta— vamos a referirnos brevemente a la concepción erótica de este tipo de gasto gubernamental.

Me decía el auditor de un Ministerio, y me lo decía como algo insólito, condenable, que no eran pocos los funcionarios que solían pagar, con la tarjeta de crédito, hasta los gastos ocasionados por alguna que otra representación lujuriosa llevada a cabo en moteles de la capital. Yo le manifesté al auditor mi desacuerdo con su censura y le argumenté que los gastos de re- presentación libidinosa bien pueden formar parte de los gastos susceptibles de ser cubiertos por la tarjeta de crédito, pues no se conoce de ninguna disposición legal que excluya los gastos causados por las clandestinas representaciones de acrobacia sexual realizadas por los funcionarios públicos.

Todos los ejemplos expuestos son percibidos de distinta manera por quienes no disfrutan de estos gastos tan representativos. Para unos son gastos de representación; para otros no. Es importante armonizar los diferentes puntos de vista. Tal vez sería más importante establecer un solo criterio. Se me ocurre que la Contraloría General de la República debe definir lo que es un gasto de representación, para que todos los funcionarios públicos, con derecho a tarjeta de crédito, se ajusten a lo dispuesto por la entidad contralora.