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El desenlace de las elecciones venezolanas con la inobjetable relección del presidente Chávez y la consolidación de un proyecto alternativo encabezado por Henrique Capriles, se asemeja a un espejo que proyecta una doble dimensión presente-futuro, ante el cual la oposición nicaragüense haría bien en sopesar críticamente sus pocas virtudes y sus abundantes limitaciones.

La reacción más común entre los dirigentes opositores ha sido poner en duda la comparabilidad entre ambos procesos, aludiendo a que mientras en Venezuela existe un sistema electoral confiable —aunque con amplias ventajas para Chávez— aquí en Nicaragua la credibilidad del árbitro electoral ha colapsado como resultado del fraude. En consecuencia, lo que debe hacerse es restablecer la confianza en el sistema electoral, aseguran, pues mientras no se cuente los votos con transparencia todo lo demás es pérdida de tiempo.

En efecto, restaurar y reformar el sistema electoral debe continuar siendo una prioridad nacional. El problema radica en cómo lograrlo. Para empezar habría que reconocer el fracaso de la oposición en su intento por alcanzar una reforma apostando casi exclusivamente a factores de presión externos como la OEA y la Unión Europea. Esta diferencia con Venezuela permite resaltar que la ruta del cambio en Nicaragua será mucho más larga y difícil, pues a la par de construir una inexistente alternativa opositora, hay que restaurar el sistema electoral. Pero el hecho de constatar este obstáculo formidable, no invalida la necesidad de extraer otras lecciones del caso venezolano.

Primero, es imperativo valorar el impacto político de los programas clientelistas de asistencia social, que hasta ahora han sido ignorados por la oposición. En Venezuela, Chávez ganó en buena medida porque un sector importante del electorado considera que los beneficios sociales obtenidos a través de las “Misiones” podrían perderlos si éste deja el poder. En Nicaragua, el modelo de financiamiento extra presupuesto de los programas sociales así como su implementación a través del estado-partido-CPC, se ha convertido en un mecanismo permanente de captación de lealtades políticas, antes que una mera estratagema electoral. La cuestión no es si los programas de Ortega son o no sostenibles para combatir la pobreza, sino reconocer cuál ha sido su eficacia política y el impacto que ha tenido en el crecimiento del apoyo social del orteguismo.

¿Tiene la oposición una estrategia para transformar este vínculo político con “los regalos del comandante” en una gestión de derechos ciudadanos? ¿Hay alguna propuesta en la oposición para organizar o apoyar a los beneficiarios de los programas sociales de Ortega? ¿Existe acaso algún proyecto alternativo?

Segundo, la necesidad de unidad y legitimidad del liderazgo opositor. La figura joven y carismática de Capriles recorriendo a pie toda Venezuela, podría prestarse al equívoco de que lo que se necesita para competir eficazmente contra un poderoso gobernante autoritario es únicamente un buen candidato. Pero a Venezuela le tomó casi una década reconstruir una alternativa opositora en torno a la Mesa de Unidad Democrática. Antes de llegar a las primarias presidenciales que ganó Capriles en marzo de este año, pasaron por un largo proceso: el derrumbe de los partidos tradicionales, el golpismo, el abstencionismo, las primeras victorias electorales, y sobre todo el viraje para transitar del antichavismo a ofrecerle una alternativa a la población. El jefe de campaña de Capriles, Alfredo Briquet, lo resumió así: “Durante los primeros 8 años, el objetivo era desalojar a Chávez del poder, ahora estamos enfocados en separarlo de la gente y ganar el apoyo popular”.

En Nicaragua, la estrategia opositora ha oscilado entre el “todos contra Ortega” y el rechazo al pacto Alemán-Ortega. Sin embargo, el PLC se derrumbó en las últimas elecciones y Alemán obtuvo únicamente el 6% de los votos, pero la oposición aún no ha logrado despegar. De manera que el problema no radica en la supuesta “división opositora”, o en el pacto Alemán-Ortega, sino en la incapacidad del liderazgo opositor para encabezar una estrategia de movilización y oposición verdadera. Un año después de la reelección inconstitucional de Ortega, el PLI acude a las municipales como segunda fuerza del país exhibiendo un nivel de debilidad política que no le puede achacar a nadie más que a la inacción de su propio liderazgo.

El movimiento de primarias que está siendo sugerido para elegir nuevos líderes políticos, no candidatos, representa una condición necesaria para refundar una alianza opositora democrática en base a una nueva legitimidad. Un proceso eleccionario que debería ser convocado por un árbitro confiable, y sobre todo abierto a todos los ciudadanos, con partido y sin partido, incluidas las bases desafectas del sandinismo.

Tercero, además de contar con un liderazgo inserto en las luchas sociales, la oposición necesita un programa democrático de reformas que ofrezca soluciones viables al país. En Venezuela, Capriles perdió la elección pero dejó una sensación de estar a las puertas de una victoria, porque ante una buena parte del electorado (más del 40%) quedó legitimado como una opción de gobierno confiable y creíble. En Nicaragua, más allá de la crítica al autoritarismo y las violaciones al Estado de Derecho, la oposición carece de un programa que le permita darle coherencia a la acción opositora y vender alguna esperanza de futuro.

¿Acaso existe alguna propuesta desde la oposición en torno a los grandes temas del país: estrategia de desarrollo, generación de empleo, corrupción, reforma fiscal, reforma de la seguridad social, autonomía municipal, etc? Evidentemente, no. Pero si la oposición quiere ser considerada como una opción de gobierno, ese debate y esas propuestas deben empezar a definirse ahora y no esperar hasta que llegue el turno de las promesas electorales.

 

* Periodista