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El 6 de abril de 2009, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió la ciudad italiana de L’Aquila y mató a 309 personas. Siete días antes, la Comisión de Grandes Riesgos había tranquilizado a la población indicando que no existía peligro de un gran terremoto. Los siete miembros de esa comisión han sido ahora condenados a seis años de cárcel por homicidio culposo múltiple.

La sentencia ha provocado alarma entre los científicos, pues la previsión de catástrofes naturales se mueve en un terreno siempre incierto, pero también entre los políticos: “Tienen razón los que dicen que el único precedente de esta sentencia es el de Galileo”, ha dicho el ministro de Medio Ambiente italiano”.

L’Aquila vivía bajo el temor de los temblores desde octubre de 2008. Al intensificarse la alarma, los responsables de Protección Civil decidieron reunir a la comisión en la propia ciudad. Lo hicieron durante 45 minutos, no emitieron informe alguno y tampoco ofrecieron los datos en los que se basaba su valoración.

No es razonable que los científicos puedan ser sancionados por sus predicciones, a no ser que medie engaño o mala fe. El papel del científico es ofrecer a los políticos datos que les ayuden a tomar sus decisiones, según el conocimiento disponible. En ningún caso deben convertirse en chivo expiatorio.

La sentencia puede tener consecuencias muy negativas. Los científicos siempre están dispuestos a aportar sus conocimientos, pero sí de su colaboración puede derivarse una responsabilidad penal, se resistirán a hacerlo cuando no puedan ofrecer certezas; o, ante la posibilidad de ser imputados, incurran en actitudes defensivas recomendando medidas ajustadas al peor escenario posible para curarse en salud.

 

* Editorial El País