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A nadie le cabe la menor duda que uno de los principales obstáculos que lastran las posibilidades de nuestro desarrollo es el costo de la energía. En este sentido, y aunque el gobierno nunca ha dejado claro cuál será el impacto positivo en la tarifa eléctrica, en varias ocasiones hemos reconocido los esfuerzos que realiza para cambiar la matriz energética, actualmente tan dependiente del petróleo, que importamos en su totalidad y cuyo precio no controlamos.

Pero en los últimos días ha cobrado intensidad el debate sobre otro ángulo del problema: la distribución. Mientras los costos de distribución sean tan altos, los esfuerzos que se hagan para cambiar la matriz energética quedarán muy limitados en sus resultados.

Debemos estar claros que con el alto costo de la energía eléctrica todos perdemos. Sin la bonanza extraordinaria que hay en los precios de todos los productos de exportación, la gran mayoría de productores, con niveles relativamente bajos de productividad, tendrían serios problemas para absorber los costos de la energía. Muchas inversiones dejarían de ser rentables, afectándose negativamente las perspectivas del empleo. A su vez, los comerciantes y prestadores de servicios trasladan al precio de lo que venden esos altos costos de la electricidad, con lo cual se afecta el costo de la vida, y por tanto pierden los consumidores, pero también pierden productores y comerciantes porque se reduce la demanda. Y sin agotar todos los ángulos del problema, las altas tarifas incentivan el fraude energético, afectando los costos de la distribución y por tanto la tarifa, cerrándose así un círculo perverso.

Es, entonces, de interés nacional que gobierno y empresa distribuidora de energía eléctrica alcancen un acuerdo, y pronto, que dé solución a las causas de los problemas que encarecen los costos de la distribución y por tanto la tarifa, y que desestimulan la inversión en ese sector. Las pérdidas en la transmisión, casi el doble del promedio latinoamericano, están en el corazón de esas causas. Tanto la empresa distribuidora como el gobierno tienen responsabilidad. Hay pérdidas en la transmisión por causas técnicas asociadas a obsolescencia de estaciones y subestaciones de transmisión, así como del tendido de distribución. Estas causas no se eliminarán sin inversiones de la empresa distribuidora. Pero también hay pérdidas por fraude -y es un error pensar que del mismo solamente son responsables sectores populares que se “pegan” a las líneas de distribución- que sin una acción enérgica del gobierno no se van a reducir, y por tanto las inversiones no se realizarán.

Que no haya acuerdo, en un momento en que han trascendido los problemas de financiamiento y de otra índole que enfrenta el buque insignia del cambio de matriz energética, como es el proyecto hidroeléctrico Tumarín, pese a que ley al respecto ha sido modificada recientemente para darle más y más exoneraciones, puede asestar un severo golpe a la solución de uno de los problemas que más entraban nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo. Todos saldríamos perdiendo, el gobierno incluso, aunque se pudieran beneficiar de semejante tragedia pequeños grupos de interés.

El problema de esas negociaciones no es técnico. Si el gobierno es capaz de sobreponerse a cálculos políticos de corto plazo, y a conflictos de interés, tiene solución. ¡Ojalá!

 

* Economista