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Desde 2006 la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, instancia de la ONU también conocida como ONU-Mujeres, formuló recomendaciones, que han sido incumplidas en muchos países. Desde luego Nicaragua brilla con luz propia. Se trata entre otras, de brindar a las féminas acceso efectivo a la justicia, acabar con la cultura de la impunidad y eliminar figuras discriminatorias en los códigos civiles y penales.

Mucho más grave es que ha habido incapacidad para poner freno a la ola de feminicidios, a las desapariciones de niñas y a la trata de mujeres, que desemboca por lo general en explotación sexual y laboral. Las denuncias llenan las páginas periodísticas de toda Centroamérica.

Las estadísticas sobre el asesinato de mujeres son elevadas. Pero el asesinato de una sola mujer por el hecho de serlo es ya intolerable e inadmisible y es preciso ir más allá de la frialdad de los números. Basta decir que son muchísimas las mujeres que han muerto como consecuencia de actitudes discriminatorias y de ámbitos de impunidad, y muchas más las que han padecido y padecen en forma regular o esporádica alguna forma de violencia de género o de discriminación por esa causa. Por doquier está vigente la sopa de muñeca por decir lo menos. El marido que llega bolo y golpea a madres e hijos.

La barbarie social contra las mujeres es un fenómeno con causas múltiples y complejas, históricas y culturales varias de ellas, y sería improcedente exigir a las autoridades, centrales y municipales que la erradicaran en pocos años. Lo que sí cabe exigirles y no cansarse de hacerlo, es que eliminen los márgenes de impunidad y corrupción que han hecho posible el pavoroso incremento de feminicidios, así como el auge del negocio de trata de personas y de explotación sexual. Es claro que el feminicidio no habría podido convertirse en epidemia sin un contexto de ineficiencia y descomposición de la policía y de los organismos judiciales.

Otro factor que ha incrementado la violencia de género es la estrategia oficial de combate a la delincuencia y al narcotráfico, así como sus efectos colaterales. La incorporación masiva de mujeres a las actividades delictivas es impulsada por situaciones de desintegración social, marginación, carencias educativas, pobreza y desempleo.

El gobierno tiene la doble y complicada tarea de sobreponerse a antecedentes negativos en materia de protección a las mujeres y de formular políticas públicas y acciones concretas que permitan hacer frente a la discriminación y a la violencia de género, porque en tanto estos fenómenos subsistan, el país no tendrá autoridad moral para llamarse civilizado.

La sociedad civil y los grupos de izquierda actuando en monolítica unidad, no se detendrán un ápice en apoyar esta justa lucha. BASTA YA.

 

* Docente universitario