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Fue a mediados del 2005 que don Enrique, agobiado y turbado por la presión de las acciones desestabilizadoras de Ortega, firmó un pacto para gobernar en paz su último año. “Calma hoy, que desastres vendrán mañana”. Fue el pacto en que don Enrique se quedó sin lapicero por maña vieja del otro pactista. Como resultado, en enero de 2007, el presidente Bolaños aludiendo al aspecto macroeconómico y bajo la frase “la mesa está servida”, le entregó la banda presidencial.

A partir de entonces, el horizonte político se nubló, manchando el azul celeste. ¡Y empezó el calvario! El eterno candidato del Frente Sandinista ha venido saciando su sed de poder ejerciendo un autoritarismo a niveles absolutistas, desconociendo el Estado de Derecho y copando la independencia e institucionalidad de los distintos poderes del Estado, gracias al predominio de funcionarios mediocres y sin dignidad, dócilmente sometidos y actuando de facto porque… “la calle está dura”.

Maquiavélicamente Ortega ha venido acumulando poder, escalando peldaños hacia su entronización dictatorial, caracterizándose por violar la Constitución Política, para entre otras cosas, reelegirse ilegalmente, por lo que actúa de hecho como un espurio presidente al margen de la ley.

Vivimos una crisis de valores donde el régimen orteguista promueve un sistema de corrupción en el que la justicia está a la orden de la impunidad de los delitos al erario público, con resultados de múltiples enriquecimientos ilícitos de funcionarios ampliamente cuestionados. Como explicación de lo anterior, el pueblo afirma a voces públicas que esta es la contrapartida de pago por favores políticos al espurio presidente.

La Contraloría está pintada, sin que exista algún acusado de corrupción, muy a pesar que como país estamos catalogados como de los peores en América Latina. Pero si bien, el régimen orteguista vive en ese fango, cabe destacar que su estrategia de sostenimiento político se fundamenta entre otros pilares: a) El abuso de la cooperación venezolana en beneficio del enriquecimiento económico de la familia, e implementación de la política populista a objeto de ganar clientelismo político. b) La existencia de una oposición dividida y timorata con resabios de una filosofía de participación y logros de espacios políticos a base de prebendas y curules. c) El mantenimiento de un sistema electoral de fácil manipulación, a la orden y dominado por dizque “honorables magistrados” de facto, con especialidad en cometer fraudes en beneficio del orteguismo. Fraudes evidentes que últimamente han sido impuestos, con la colaboración sumisa de instituciones represivas como la Policía y con la acción coercitiva e intimidatoria del Ejército ante las enérgicas protestas de la ciudadanía por el respeto y voluntad de su voto.

Por último, y no por ello menos condenable: la complaciente alianza y pacto que tiene con el orteguismo la predominante cúpula de la empresa privada constituida en el Cosep, a fin de darle continuidad a una política de explotación del gran capital neoliberal, sin importarles en absoluto el resquebrajamiento de la institucionalidad de la nación, la politización de las instituciones, la violación de los más elementales derechos humanos, el atentado a la libertad de expresión; ante el dominio, monopolio e instrumentación de los medios de comunicación, así como el no importarle y valerle un comino, la no existencia de una justicia con ecuanimidad ajustada a derecho.

No hay duda, los miembros del Cosep están haciendo negocios como socios del régimen dictatorial orteguista. ¿Bien valen esas utilidades, el costo infringido a la democracia y futuro de la nación y a sus conciudadanos nicaragüenses?


* Consultor independiente.