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Que piedras, llantas quemadas, morterazos y mucha rabia, haya sido la fórmula que decenas de comerciantes del Mercado Oriental hayan tenido que emplear frente a la Dirección General de Aduanas, DGA, para que después de muchos meses de espera, pudieran desaduanarles la mercadería que habían importando para la temporada navideña, ilustra, y este es solamente un ejemplo, que no a todos los empresarios les va bien con este Gobierno.

Señalamos lo anterior porque con motivo de la reforma tributaria, la negociación del salario mínimo, el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, la positiva evaluación que de las prácticas comerciales internacionales de Nicaragua ha hecho la Organización Mundial de Comercio, OMC, las seguridades y facilidades que se han dado a algunos grandes inversionistas, entre otras noticias económicas recientes, dirigentes del sector empresarial han sido generosos en su reconocimiento al Gobierno de Ortega. Y tienen razón para así hacerlo porque en su visión corporativista del Estado, Ortega se cuida, y mucho, del flanco de los grandes empresarios. Él mismo, y sus allegados, son ahora grandes empresarios.

He escuchado comentar que para esta nueva etapa de Ortega en el Gobierno, y tomando la lección de los años 80 y su final, dirigentes cubanos le habrían recomendado que “no se peleara con los gringos, que no se peleara con los grandes empresarios y que no diera elecciones libres”. Probablemente esa no sea más que una manera anecdótica de interpretar lo que está pasando, pero que ciertamente resulta pertinente.

La gran pregunta es: si se obtiene como favor político lo que en una economía de mercado con régimen democrático (porque hay economías de mercado sin democracia) debería ser derecho de los empresarios, y de todos los empresarios, ¿qué ocurrirá cuando desde la lógica monopólica de los “gobernantes-empresarios” esos favores comiencen a escasear? Porque no se debe olvidar que detrás del problema que han enfrentado los comerciantes del Mercado Oriental muy probablemente está lo que recientemente se denunció a través de investigaciones periodísticas: unos pocos de esos “gobernantes-empresarios”, han monopolizado la tramitación de las gestiones de importación, y si no se importa a través de ellos, en la DGA se atrasan los trámites, se sobrevalora y consecuentemente se sobre afora, haciendo daño a comerciantes y consumidores porque ambos tienen que pagar más. Como se ve, hasta aquí llega, frente a la muralla de intereses económicos corruptos, el “cristianismo, socialismo y solidaridad” del Gobierno de Ortega.

Al escribir este artículo se ha anunciado que organismos gremiales del sector privado llevarán el tema de la DGA ante el Gobierno. Buena y reconocible decisión. Muy probablemente, y ojalá que así ocurra, algunas decisiones positivas obtendrán. Pero el daño está hecho. Y esto no es lo peor. Otro precedente de Gobierno de las personas y no de las leyes se habrá establecido, y desde la lógica de ese Gobierno de las personas la lectura será: “lo que yo hoy te doy, mañana yo te lo puedo quitar”.

 

* Economista