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Cuando se trata de definir el concepto de ciudadanía, generalmente se recurre al teórico Thomas Herbert Marshall quien plasma las tres dimensiones de la ciudadanía: civil (libertades individuales: libertad de expresión, de pensamiento, religión, propiedad, etc.), social (bienestar, condiciones de vida), y política (elegir y ser electo).

En Nicaragua se hace perceptible actualmente en su población -caracterizada por ser mayoritariamente joven-, un incentivo participativo en programas y campañas gubernamentales. Si fuese desde la perspectiva de una democracia participativa y social, y se compara a la vez la gestión política actual con administraciones gubernativas pasadas, se podría percibir a Nicaragua como un país democrático y de consecuente apertura hacia la ciudadanización.

No obstante, es importante aclarar que la ciudadanía no solo implica participación activa de los ciudadanos, ni la simple contemplación de derechos y obligaciones constitucionales, sino que trasciende y va mucho más allá de su propia categorización conceptual. La ciudadanía está adherida a la propia existencia del ser humano, su naturaleza misma, e identidad colectiva. Es un valor, y como tal, implica la pertinencia (interioridad y externalidad) de un individuo a un espacio sociopolítico configurado.

Y precisamente esa interioridad se tergiversa desde el momento en que una porción significativa de población decide emigrar a falta de puestos de trabajos y mejores condiciones laborales; desde el momento en que un 19% de los niños y niñas menores de 5 años no son inscritos en los registros civiles (UNICEF, Informe Estado Mundial de la Infancia 2012), negándosele con ello sus derechos ciudadanos; o bien, desde que el sistema tradicionalista y paternalista que aún prima dentro de las estructuras políticas de la sociedad nicaragüense continúa presentándose como uno de los principales factores que obstaculiza el sólido empoderamiento de las mujeres y relega a las comunidades indígenas cuando estas últimas se ven influenciadas y alienadas por los partidos políticos mayoritarios del país.

La verdadera fundamentación de una democracia no se concretiza directamente con el nivel de participación de los ciudadanos en una esfera política determinada, sino que –en un sistema representativo- se fundamenta mayormente por la institucionalidad del Estado. Las instituciones son las encargadas de mantener la estabilidad del Sistema Político, y cuanto mayormente integradas y controladas por los partidos se encuentran dichas instancias, difícilmente podrán contribuir a la construcción de ciudadanía, pues no será la vox populi quien incentive la toma de decisiones sino el grupo, grupos o facciones políticas que controlen los aparatos administrativos y coercitivos del Estado; y por ende, tampoco se puede argüir una conciencia ciudadana. En otras palabras, una cosa es participar y otra muy distinta hacerlo de manera consciente.

Así también, mientras los partidos políticos, a lo interno de sus estructuras no sean entidades democráticas (en la conformación, designación e integración de las listas de sus candidatos a puestos de elección popular), la necesidad de cifrar una verdadera democracia a nivel macro de un Estado quedará relegada a un simple anhelo. En la práctica se denota que los partidos políticos pierden toda noción intermediaria entre el Estado y la ciudadanía, y que dejan de ser instituciones públicas -como lo estipula la ley-, para ser instituciones privadas.

De igual manera, no es el tipo de Sistema Electoral existente dentro de la estructura política de un Estado lo que determina el impacto en la democracia de ese país, sino el modus operandi de éste. Un Estado puede ostentar un órgano electoral con rango de Poder Estatal –como se consagra en la Constitución Política de Nicaragua- o simplemente organismos independientes y autónomos (en el caso de los Tribunales Electorales en el resto de países centroamericanos); sin embargo, el rango constitucional del primero no implica que éste sea más democrático que el resto de Tribunales Electorales en la región…

De lo que sí no hay duda alguna es de que el pueblo nicaragüense es un pueblo democrático involucrativo, participativo, que lucha por sus derechos, con convicciones y valores patrióticos y nacionalistas; el problema siempre ha estado en que muchos de los gobiernos que han transitado en la historia política del país no han logrado fungir de manera democrática (pactos y pugnas políticas, reformas, dictaduras, etc.), afectando la imagen y aspiraciones de la población nicaragüense.

Más que una democracia de ciudadanos y ciudadanas, Nicaragua aún sigue siendo una democracia electoral; las élites políticas se han encargado de transmitir y asociar –principalmente en los jóvenes- el término “ciudadanía o ciudadano” simplemente como un instrumento político (un voto), omitiendo la dimensión civil y social, y el valor que conlleva tal precepto…

 

* Docente y politólogo.