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La documentación demuestra que desde tiempos inmemoriales indígenas de filiación misquita arribaban temporalmente a las pequeñas islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e islotes adyacentes, en labores de pesca, recolección de moluscos, tortugas, etc. para después retornar al actual litoral Atlántico de Nicaragua. Aunque los españoles las incorporaron a la Capitanía General del Reino de Guatemala en el siglo XVI, no se interesaron por ocuparlas.

Desde los inicios del siglo XVII, las islas estuvieron bajo el control de Inglaterra, siendo puntos de partida para operaciones de piratas y comerciantes. Esta situación facilitó el poblamiento de decenas de familias inglesas, con esclavos africanos y gran cantidad de misquitos, aliados de los ingleses, lo que produjo la inevitable entremezcla, que dio origen a los raizales de hoy. Con los tratados de París (1783), España recuperó la posesión, pero en el archipiélago quedaron familias inglesas, comprometidas a aceptar el catolicismo y la sumisión a España.

Fue el Gobernador de San Andrés Tomás O’Neill, un esclavista y comerciante español de origen irlandés, ex residente en Cartagena, quien en 1803 solicitó -y logró- a espaldas de la Capitanía, que la gobernación pasara a depender del Virreinato de Nueva Granada. La protesta oficial de Guatemala materializó en 1806, otra cédula Real y las islas volvieron a jurisdicción centroamericana, y su relación con Cartagena, siguió circunscrita a razones de custodia y defensa.

En 1822, en medio de las guerras de independencia, ignorando las protestas del naciente Estado centroamericano, un colombiano, Luis Perú, izó la bandera de la Gran Colombia en las islas, siendo incorporados posteriormente al Cantón Provincial de Cartagena. Pero la presencia de Colombia fue muy esporádica, porque las relaciones de los raizales se mantuvieron con el Caribe anglófono, incluidas las costas del Caribe Nicaragüense. Disuelta Centroamérica en 1838, Nicaragua vivió durante estos años una larga disputa con Inglaterra, por imponer su soberanía en el área. Mientras Colombia, de forma oportunista, apoyada en la denegada orden de 1803, trató infructuosamente que Inglaterra reconociera sus “derechos” sobre las costas e islas del Caribe centroamericano.

El gobierno de Zelaya logró, tras la reincorporación de la Mosquitia en 1894, que Gran Bretaña reconociera de forma definitiva la soberanía de Nicaragua sobre el litoral Caribe, pero San Andrés y Providencia no fueron incluidas en el tratado Harrison–Altamirano de 1905. En estas circunstancias, Colombia estableció arbitrariamente la intendencia de San Andrés, en 1912, año en que se inició la larga intervención militar norteamericana, que con un breve lapso en 1926, se prolongó hasta 1933.

Mientras los nicaragüenses encabezados por Sandino resistían la intervención, Colombia inició negociaciones secretas con EU para despojar a Nicaragua de San Andrés y Providencia, en complicidad con los gobiernos títeres pro-norteamericanos de la época. De esta manera fue que surgió -con gran oposición- el tratado Bárcenas-Esguerra, de 1928, y el protocolo de 1930, por medio de los cuales Nicaragua cedía el Archipiélago a Colombia, y ésta reconocía la soberanía de Nicaragua sobre la costa del Caribe. Los cayos Serrana, Roncador y Quitasueño pasaban a Estados Unidos. En 1953 el dictador Rojas Pinilla declaró puerto libre a San Andrés, para estimular la migración de colombianos al Archipiélago, en deterioro de la identidad originaria. En 1972 EU cedió los cayos a Colombia, el despojo a Nicaragua era completo.

En 1980, en un acto solemne y soberano, el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua desconoció el ilegal tratado de 1928, demostrando que el territorio, estaba ocupado militarmente por EU. En 1998 el Gobierno del doctor Arnoldo Alemán se negó a realizar un acuerdo bilateral con Colombia y en el año 2001, durante la administración del ingeniero Enrique Bolaños, se oficializó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Nicaragua reclamó ante la Corte su soberanía sobre las islas y la delimitación de aguas marinas y submarinas, basado en la convención del mar. Como es conocido, el pasado 19 de noviembre la Corte dio su dictamen, favoreciendo a Colombia en la posesión de las islas, pero reconociendo las fronteras marítimas de Nicaragua en su plataforma continental.

De forma prepotente, Colombia se niega a acatar el fallo, mientras el Gobierno Nicaragüense, encabezado por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, ha enarbolado una actitud prudente: aunque reconoce su soberanía histórica sobre el archipiélago, acepta la decisión de la Haya; ha ordenado a la marina nicaragüense la custodia del territorio, pero sin caer en la provocación; ha llamado a los representantes del gobierno colombiano al diálogo, para discutir la aceptación del fallo, sin recurrir a la violencia. Todo esto sucede cuando la historia demuestra que Colombia ha usurpado de forma mañosa y arbitraria los derechos soberanos de Nicaragua sobre las islas y el mar territorial.

 

* Historiador. Programa Cultural BCN.