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La Ley de Concertación Tributaria entró en vigencia en medio de señalamientos de falta de consulta y aisladas críticas de la oposición. El Diputado Enrique Sáenz la catalogó como la ley del cangrejo aduciendo que la base gravable para el IR de los asalariados es insuficiente y que resulta regresivo que el pollo y la carne molida paguen impuestos mientras el salmón y el pulpo están exentos, lo que parece no haberse percatado el legislador es que sus observaciones pueden tener efectos jurídicos desde el punto de vista de los Derechos Humanos.

Los impuestos de un país configuran un medio de redistribución de la riqueza, esto supone en principio que quienes tienen mayor ingreso pagan más impuestos. Pero el umbral que distinga quien debe pagar IR y quien no, debe establecerse bajo un criterio conocido como capacidad contributiva.

La capacidad contributiva es el ingreso excedente de una persona después de haber cubierto sus necesidades básicas. En Nicaragua esas necesidades están comprendidas en la canasta básica cuyo costo mensual supera los 12 mil córdobas, consecuentemente la Ley de Concertación Tributaria debió exentar del pago del IR a los asalariados que ganan menos de 12 mil córdobas mensuales y no dejarlo en 8333.33.

Este argumento es sensato y justo pero no perdamos de vista que también tiene efectos jurídicos. Las personas tenemos derecho a ser tratados con igualdad, por lo tanto, si los asalariados que ganan menos de 8 mil córdobas mensuales están exentas del pago de IR por no tener capacidad contributiva, ¿Por qué las personas que ganan menos de 12 mil córdobas que tampoco tienen capacidad contributiva si pagan IR?

En este caso, la violación al derecho a la igualdad acarrea discriminación. Si se aplica un test de proporcionalidad ya sea el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el aceptado por la ONU, nos daríamos cuenta que en ningún momento el gobierno demostró la necesidad de esta medida concreta, es decir, que no haya otra alternativa.

En 2010 CEPAL publicó su informe llamado “La hora de la Igualdad” donde destaca que Brasil recauda vía impuestos el 35.5% de su PIB y Haití el 9.4%. Nicaragua está mucho más próxima a Haití y además ha recibido observaciones del FMI para no subestimar su PIB, lo que hace más grave la brecha de desigualdad en nuestro país.

De igual manera, al refutar como renta un ingreso que es necesario para cubrir necesidades básicas, el IR se desnaturaliza y se convierte en un impuesto confiscatorio por privar a la persona de medios de subsistencia y desarrollo.

La Ley de Concertación Tributaria viola los artículos 4, 27 y 114 de la Constitución Política y por esta razón cualquier ciudadano puede interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley 882, como lo hizo el CENIDH en la anterior reforma tributaria. La CSJ no puede limitarse a declarar la inconstitucionalidad, sino que con base a la progresividad de los Derechos Humanos debe hacer una interpretación evolutiva (living contitucion) y emplazar al ejecutivo y legislativo para que en un determinado período de tiempo el IR de los asalariados tenga una base exenta igual a la capacidad contributiva.

 

* Miembro de la Juventud Partido Conservador