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En 1998 el Gobierno del Dr. Alemán promovió la privatización en la distribución de energía eléctrica con reformas a la Ley 272, y en 2001 el Ing. Bolaños materializó la venta -a precio de guate mojado-, a favor de Unión Fenosa, completando el ciclo iniciado por la Administración de la Sra. Chamorro Barrios, quien “entregó” a grupos connotados gran parte de las generadoras estatales, incluyendo las geotérmicas San Jacinto y Momotombo, construidas con deuda externa en la década de los setenta y ochenta.

Esos gobiernos realizaron las transacciones referidas en condiciones tan onerosas para el país y a favor de los “compradores”, que hicieron posible que algunos grupos económicos surgieran casi de la nada. Como era de suponer, todos los vacíos legales y la implementación de normativas en la generación y distribución no fueron pensadas para beneficiar a usuarios del servicio.

Con el retorno del gobierno sandinista en 2007, las cosas no cambiaron. Unión Fenosa y los generadores siguieron recibiendo protección y asesoría de los círculos de poder, y para evitar críticas invocaron de forma recurrente argumentos sobre la “imposibilidad” de deshacerse de la trasnacional por temor a que el Banco Mundial y FMI sancionaran al país por incumplir los acuerdos del seguro MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), que protege a los inversionistas. En este contexto se continuó tolerando la clara ineficiencia de Unión Fenosa.

Aun con los poderosos padrinos, la Distribuidora estaba obligada a cumplir las normas y términos del Contrato suscrito en julio 2000, que le imponía serias inversiones para reducir las pérdidas técnicas, ampliar cobertura y brindar el alumbrado público, entre otros. En los primeros cinco años (2001-2005) fue evidente, por el número de reclamos, demandas masivas y juicios ganados por los usuarios, que la trasnacional se burlaba del marco jurídico del sector eléctrico. Por el caótico servicio, en septiembre 2006 inició un proceso de Arbitraje que valoraría su desempeño y permitiría fundamentar una posible cancelación del contrato por incumplimiento de obligaciones.

El Gobierno actual suspendió el arbitraje y de la mano de la Asamblea Nacional anuló las resoluciones judiciales ganadas por muchos usuarios, les hicieron una ley antifraude a medida de la transnacional (Ley 661, junio 2008) y desde las generadoras estatales les otorgaron créditos, que finalmente no pudieron pagar. Para continuar ayudando a Unión Fenosa, además de entregar cumplidamente los subsidios (cosa que no hicieron con ENACAL), canjearon acciones por deuda logrando el 16% de la empresa y un asiento en la Junta Directiva. En febrero 2012 con una reforma a la Ley 661 se faculta a la empresa a realizar intervenciones mayores y multas a los consumidores arriba de 201 kw, a quienes sorprendan en consumo fraudulento.

Con todo ese chinchineo era de esperar que Unión Fenosa (comprada por Gas Natural desde España), saliera a flote en términos financieros. En 2012 declararon haber reducido el índice de pérdidas técnicas a 20.6, mientras en 2008 eran de 26.5. ¿Qué mago puede explicar ahora qué pasó con la transnacional? Este es el momento en el cual el Presidente de INE, el Ministro de Energía, y hasta el propio Asesor presidencial deben aparecer rindiendo cuentas públicas sobre las causas por las cuales la Distribuidora no ejecutó las inversiones superiores a los 33 millones de dólares, que refrendó durante las negociaciones de 2008 y que culminarían en 2011.

El balbuceo sobre la “venta de las acciones” de Unión Fenosa, lo que realmente anuncia es el rotundo fracaso del modelo de energía adoptado por estos gobiernos. Como bien lo señala Fernando Bárcenas en su reciente artículo, esto es tarea de los gobernantes, y es evidente la carencia de una política responsable del Estado sobre la energía. Las instituciones rectoras están pintadas, únicamente opera el sistema y sus caros funcionarios siguen repitiendo los mismos errores desde hace doce años, mientras ocultan a la población lo que realmente sucede en el sector eléctrico. Al parecer carecen de voluntad real para “restituirnos el derecho perdido”, usando los estribillos oficiales con que pretenden tranquilizarnos.

Está claro que están camuflando las intenciones de poner en manos de grupos económicos progubernamentales la distribución y guardan silencio para ganar tiempo. El deber de los ingenieros Rappaccioli y Castillo es dar la cara, y presentar un balance objetivo de lo acontecido desde el año 2000 que se materializó la desafortunada privatización de la electricidad. Deben plantear el retorno de este servicio a la gestión pública, y exponer su estrategia para los próximos 20 años, con un enfoque que asegure la cobertura, calidad y continuidad de la energía, pero bajo un modelo eficiente y transparente.

Debemos recordar que los servicios públicos no pierden su naturaleza de interés nacional, y el colapso de la trasnacional obliga al Gobierno a buscar una solución que cumpla con el mandato constitucional en esta materia. El fracaso de la privatización debe corregirse con una gestión pública eficiente, y de rehusar esa solución, los usuarios al menos deberíamos demandar una reforma a la Ley de Energía (Ley 272), que incluya la defensa de nuestros derechos y la representación efectiva en las entidades del sector.

De continuar en manos privadas, es imperativa una nueva licitación bajo condiciones transparentes, donde el público conozca los criterios bajo los cuales se haría la selección de la nueva firma, y constate que se suprime la discrecionalidad frente a los conocidos abusos tarifarios y atropellos de todo tipo.

Exijamos concluir el show de la distribución de energía, todos sabemos quiénes están interesados en apropiarse de ella bajo subterfugios y testaferros. Por respeto a sí mismas las entidades rectoras y los diputados deben desterrar las tácticas dilatorias y la evasión de responsabilidades que hoy se percibe. Este es un buen momento para que los nicaragüenses empecemos a exigir respeto por nuestros derechos, y a rechazar la política de engaños que ha caracterizado la distribución de la energía y a los funcionarios que han sido cómplices de Unión Fenosa.