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Una de las garantías constitucionales de la impartición de justicia en nuestro ordenamiento jurídico es la inmutabilidad de la cosa juzgada. El artículo 27 de la Constitución consagra y protege el principio de la cosa juzgada al referirse a la seguridad jurídica. Esta protección se basa en el derecho de toda persona a que las resoluciones judiciales alcancen su plena eficacia en los términos en que fueron dictadas, respetando la inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas como base de la paz y la seguridad jurídica.

Por preservar el valor de seguridad jurídica, se dejaba a un lado el mayor valor: el de la justicia. No aceptar la posibilidad de cuestionar la cosa juzgada cuando esta se funda en un fraude o cuando ha habido una violación al debido proceso, significaría que la justicia es solo cuestión de suerte o coincidencia.

Históricamente ha habido una evolución en cuanto a la inmutabilidad e irrefutabilidad de las sentencias firmes; de una posición extrema en cuanto a la certeza y seguridad, ha tomado auge la posición de que dichos valores no pueden ser excluyentes y deben ser armonizados, pues un sistema que admite la injusticia está destinado a fracasar.

El Ante-proyecto de Código de Procedimiento Civil recoge esta evolución e introduce la figura jurídica de Revisión de Sentencia Firme, llamado en otras legislaciones Proceso de Nulidad de Cosa Juzgada, y en su artículo 594 establece: “Podrá solicitar la revisión de sentencia firme quien hubiere sido parte perjudicada por la resolución impugnada”. Según el arto. 535 del anteproyecto, el término partes incluye los “terceros intervinientes en el proceso y demás sujetos alcanzados por la resolución a quienes les cause un perjuicio”.

En el artículo 596 se establecen los motivos que dan lugar a la revisión de una sentencia firme. Algunas legislaciones son más acordes con la realidad, y entre de los motivos para solicitar este remedio excepcional establecen un literal que dice: “cuando la sentencia sea el resultado de una conducta fraudulenta o colusiva”.

Según jurisprudencia de esos países los fraudes procesales se presentan en el proceso y por el proceso. En el primer caso se trata de actos procesales concretos en los que se ha actuado con la intención de engañar y perjudicar a la otra parte o a un tercero; por ejemplo, un juramento en falso o una declaración falsa; en el segundo caso el proceso es utilizado como instrumento para obtener un objetivo ilícito, en detrimento de un tercero, como lo sería un proceso simulado, “falso en esencia y en propósito, aun cuando formalmente válido”; siendo típico el pago de sumas de dinero para aparentar deudas y perjudicar a terceros o al acreedor real.

Lo anterior es muy común en Nicaragua. Prsonalmente conozco de un proceso simulado en jurisdicción de San Juan del Sur, donde demandante y demandado, fraudulentamente y coludiéndose aparentaron deudas para despojar de sus bienes a un grupo de inversionistas en un conocido centro turístico; y otro caso donde el demandado se coludió con un tercero para usurpar los bienes de una ONG universitaria.

El numeral 5 del artículo 596 del ante-proyecto, copiado de España, establece entre otros como motivo para la revisión de la sentencia tenida por cosa juzgada, “si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta”, lo cual quizás se hubiere clarificado mejor cambiando maquinación fraudulenta por “fraude o colusión”, aun cuando colusión es parte del fraude. Debe quedar claro que ponerse de acuerdo en un juicio para perjudicar a un tercero acarrea la nulidad de la sentencia tenida como cosa juzgada.

Quizás con el nuevo Código y la posibilidad de que se puedan revisar las sentencias firmes, se termine la fatídica práctica de coludirse procesalmente para despojar de bienes y derechos a terceros, incluyendo al Estado.

 

* Abogado y notario.

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