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Nada de metáforas. Ni comparaciones con otros países o con otras épocas, siempre ofensivas. Las tres mujeres juristas y magistradas, todas ellas reconocidas y destacadas en su profesión, tanto en sus respectivos países como internacionalmente, se han ceñido, como no puede ser de otra forma, al lenguaje preciso de los hechos y de las leyes y convenciones internacionales firmadas por Israel.

La francesa Christine Chanet, la botsuanesa Unity Dow y la paquistaní Asma Jahangir han concluido de forma sobria y precisa su investigación sobre los territorios de Cisjordania ocupados por colonos israelíes, encargada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “Los actos de ocupación israelí constituyen crímenes de guerra e Israel debe ser considerada responsable”.

En buena consonancia con el dictamen, las tres juristas recomiendan a los países miembros de la ONU y a las empresas que comercian y hacen negocios con los territorios ocupados que establezcan un régimen de sanciones económicas y políticas mientras el Estado de Israel siga violando la ley internacional.

Esta es la novedad mayor de un informe encargado el pasado marzo por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, antes incluso de que el Gobierno de Netanyahu decidiera ampliar la ocupación del territorio palestino a la llamada zona E-1, en el este de Jerusalén, como represalia por el reconocimiento de Palestina como Estado no miembro de Naciones Unidas por la Asamblea General el 29 de noviembre.

Los representantes de Israel abandonaron el consejo y sus autoridades se negaron a colaborar con la misión de investigación, a la que no dieron acceso a los territorios palestinos ni suministraron información alguna. Las conclusiones del informe y el propio organismo han sido descalificados por el Gobierno israelí: “El Consejo de Derechos Humanos se ha distinguido siempre por su aproximación unilateral y sesgada hacia Israel”.

El informe es un peldaño más de la escalera que conduce a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, donde terminará entrando el caso si antes no lo frena una negociación en forma entre israelíes y palestinos. Esta última tanda de colonias autorizadas por Israel también es un paso más, pero en dirección contraria, puesto que cada vez queda menos territorio para crear el Estado palestino y cada vez es más difícil la continuidad territorial en un pedazo de tierra cuarteado y moteado por los asentamientos, el muro de seguridad, las carreteras reservadas a los israelíes y los numerosos controles militares estables.

El embajador israelí ante la ONU, Ron Prosor, reclama de los palestinos que se sienten a negociar en vez de seguir con su Intifada legal en la escena internacional. Conocemos la condición previa que plantea la Autoridad Palestina para negociar: la congelación de la construcción en los territorios ocupados. Era también la que planteó infructuosamente Obama en su anterior etapa presidencial.

Para el actual primer ministro israelí y promotor de asentamientos, Benjamín Netanyahu, significa que no se quiere negociar. Así, para ambas partes, el objeto de disputa es una condición previa de la negociación, de forma que estamos ante un ejemplo perfecto de círculo vicioso.

El dictamen jurídico da la razón a los palestinos y recomienda que cese la construcción en los asentamientos, que se abra un proceso de retirada y desalojo, se atienda a las víctimas de la ocupación, cesen las violaciones de derechos humanos y se establezcan las responsabilidades por todos los actos de violencia de los colonos, así como que se termine con las detenciones arbitrarias de ciudadanos palestinos, además de imponer las sanciones económicas y políticas ya mencionadas.

Este informe es el equivalente del que elaboró el juez Goldstone sobre la guerra de Gaza de 2008-2009. Es un buen cable para Obama antes de su primer y próximo viaje a Israel y Cisjordania, pues le facilitará el papel de mediador entre las dos posiciones.

El País, España.