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Tal parece que la siniestralidad vial se ha convertido en un fenómeno más que habitual en el tráfico rodado. En efecto, las cifras son alarmantes y lo más frustrante es que, pese a que la población clama por una mayor protección, no parece que haya un serio proceso de concienciación social para erradicar ciertas conductas que incrementan sustancialmente el peligro que de por sí existe en este ámbito.

Para comprender este fenómeno habría que plantear la cuestión de por qué la regulación actual, que establece fundamentalmente sanciones administrativas (multas), no ha logrado tener el efecto preventivo deseado, esto es, evitar la lesión de bienes jurídicos esenciales como la vida o la integridad física de los ciudadanos.

La realidad demuestra que la legislación administrativa en materia de seguridad vial es ineficaz, pues los participantes en carreras ilegales o los que conducen bajo los efectos de altas dosis de alcohol o drogas saben que mientras no causen muertes o lesiones su conducta temeraria no es jurídico-penalmente relevante y las sanciones administrativas no son tan aflictivas como para privarse de estos comportamientos.

Habrá que recurrir a una regulación más rigurosa, aunque garantista, que permita articular un sistema de protección integral en torno a la denominada “seguridad vial”, por lo que la intervención del Derecho penal estaría plenamente justificada. ¿Quiere esto decir que la legislación penal vigente se olvida de proteger la seguridad de los participantes en el tráfico?

Si bien en nuestro sistema jurídico se perciben indicios de la existencia de un “Derecho penal de la circulación”, lo cierto es que sorprendentemente se trata de una regulación tímida, ambigua y desprovista de coherencia sistemática, ya que -por ejemplo- la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas solo se castiga cuando se produce en el ámbito del transporte colectivo, como si en el ámbito privado dicha conducta no fuera potencialmente capaz de producir lesiones o muertes. Hay que reconocer que en un intento de salvar este contraste, el legislador castiga como agravante la muerte producida por imprudencia temeraria bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pero se olvida de las lesiones ocasionadas en estas mismas circunstancias.

Podría decirse que –salvo el delito del art. 326 CP– el CP/2008 carece de un adecuado sistema de protección de la seguridad vial, pues se ha optado por una legislación desprovista de toda finalidad preventiva, en la medida en que al menos las conductas más temerarias y potencialmente lesivas para la vida o la integridad física solo se castigan penalmente cuando producen los resultados que precisamente se desean evitar.

Parece que el camino más idóneo sería el establecimiento de los denominados “delitos de peligro”, en virtud de los cuales se castiga al sujeto por la mera peligrosidad de su conducta (aunque no llegue a producir el resultado de lesiones o muertes); no obstante, también habrá que tener en cuenta que esta técnica legislativa está sujeta a importantes restricciones derivadas de los principios limitadores de la potestad punitiva del Estado.

* Doctor en Derecho penal, Universidad de Alcalá.

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