•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

Un ciudadano –llamémoslo Julio–, venció jurídicamente al Ente Regulador INE cuando éste, en Resolución Administrativa mal interpretó el Artículo 7 de la Ley 720 del Adulto Mayor que ordena que los pensionados y jubilados paguen solamente el 50% por consumo de energía.

El INE interpretó que los jubilados y pensionados consumidores de 150 kw/h mensuales o menos son beneficiados por la Ley 160 y cayó en error porque su Resolución la sustentó en esta Ley anterior a la 720 –que en su artículo 7 manda que sin perjuicio de Ley anterior “los jubilados y pensionados por el INSS pagarán el 50% del monto total de su factura por consumo de energía”. No se lee nada en contrario.

Pero el anónimo ciudadano me aseguró que aunque fue beneficiado por la sentencia de la Suprema, su factura por consumo mensual no baja el 50% que ordena la Ley y que su lucha jurídica de meses fue en vano, porque según él, “la mafia jurídica” nunca cumplió. Otro ciudadano –Alfredo–, también le ganó jurídicamente al INE, tras un año de litis; él me dijo que ahora paga menos energía que antes.

El Gobierno está acosado por las demandas sociales: deficiente educación, pésima atención en salud, canasta básica ascendente, menos poder adquisitivo, transporte colectivo malo, combustible carísimo, nuevos impuestos, demandas de pensiones de militares y reducidas a ancianos, inflación, pérdida parcial de la cosecha de café o la protesta contra las Reformas al INSS… Para mencionar algunas.

¿Con qué objetivo promulgaron la Ley 720, si su aplicación es irreal? ¿Estudiaron el impacto financiero contra la Distribuidora o contra el Gobierno por ser éste accionista? ¿Fue descaro haber legislado para burlarse de miles de jubilados y pensionados? ¿Quién mocionó su promulgación? Alguien debe pagar esta falacia.

El INSS debe emprender una agresiva política de demandar a sus deudores, castigar severamente a evasores de cotizaciones y proyectar una ley expresa que fije anualmente la obligación del Gobierno para amortizarle su deuda. Así evitará su colapso. Quod pro quo.

Si miles de jubilados y pensionados exigieran a la Distribuidora que obedezca el Arto. 7 de la Ley 720, no volvería nunca ninguna empresa distribuidora extranjera; si el instrumento judicial no aplica el rigor de la ley contra el fraude de energía y si las cosas con Venezuela cambian para mal, nuestra industria eléctrica colapsará y la economía nacional será severamente lesionada.

El Gobierno es víctima de su madeja llamada populismo, asistencialismo, secretismo, soberbia, inconstitucionalidad, incompetencia y corrupción. ¿Qué hará este Gobierno? ¿Afectar a los que están “pegados” y asumir el papel de benefactor?, ¿o afectar a la Distribuidora, que es golpear la economía nacional? Esa es su encrucijada.

El Arto. 7 de la Ley 720 es un disparo al codillo de la industria eléctrica, pero su cumplimiento es la esperanza de miles de jubilados (as) actuales y futuros. El proyecto orteguista de quince años consecutivos de Gobierno flota sobre cuatro barriles de un mar rodeado por tiburones feroces. Nada puede salvarlo sino la honradez política, el retiro de su rostro del antifaz de la mentira; pregonar que es cristiano, socialista y solidario es un aburrido cuento. La realidad nacional es otra.

 

* Abogado y Notario. / juan3722@yahoo.com