Jorge Eduardo Arellano
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El proceso legislativo que culminó con la aprobación del novedoso Código Penal estuvo acompañado de arduas discusiones sobre los distintos delitos que --a juicio de nuestros representantes-- debían preverse en la legislación penal. Así pues, es de todos conocido el amplio debate sobre la penalización del aborto terapéutico, la interpretación del delito de lavado de dinero o el castigo del aprovechamiento indebido de fluido eléctrico; sin embargo, poca difusión se brindó al complejo tema de la eutanasia, entendida --según ROXIN-- “como la ayuda prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo o al menos en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una muerte humanamente digna en correspondencia con sus propias convicciones”.

A diferencia de algunas legislaciones que han adoptado la impunidad de la eutanasia (como es el caso de Holanda), el legislador nicaragüense castiga no sólo la eutanasia activa, también conocida como “homicidio a petición”, sino también cualquier forma de participación --inducción, cooperación necesaria e incluso la complicidad-- en el suicidio (arto. 142 CP/2008).

Muchas cuestiones problemáticas podrían plantearse en torno al castigo o la impunidad del homicidio a petición, así por ejemplo: ¿es punible la conducta del médico que, con la venia del paciente y en el marco de una terapia contra el dolor, aplica un tratamiento que acelera el proceso mortal? ¿Debe castigarse como homicidio a petición la conducta del personal sanitario o los familiares que, a petición del paciente, desconectan el aparato de respiración artificial? ¿Cómo debe procederse en aquellos casos en los que el paciente se encuentra en total estado de inconsciencia y no puede manifestar ninguna declaración de voluntad?
Pese a las cuestiones planteadas, en este artículo me limitaré a realizar un breve planteamiento sobre el tratamiento que debe brindarse a los casos en que se interrumpe un tratamiento que hubiese procurado al enfermo una vida algo más larga. El ejemplo paradigmático lo constituyen los supuestos en los que, a solicitud del paciente, se desconecta un aparato de respiración o alimentación artificial que trae como consecuencia su propia muerte. En principio, hay quienes defienden el castigo de esta conducta bajo la figura del “homicidio a petición”, precisamente porque la identifican con un “actuar positivo”, es decir, la presión sobre el interruptor se valora de igual manera que la conducta de aquel que pone una inyección letal.

La anterior solución, no obstante, ha sido rechazada por un amplio sector doctrinal por entender que el castigo de la eutanasia activa no debe --en estos casos-- extraerse del criterio naturalístico de realizar o no un movimiento corporal, sino que dependerá de si normativamente esa “actuación” es interpretada como un “cese del tratamiento médico” (omisión), en cuyo caso tal conducta sería impune, pues no se puede obligar a ninguna persona a someterse a un procedimiento terapéutico.

En otras palabras, para los defensores de esta postura, la desconexión de un aparato de respiración artificial merece la misma valoración que aquellos casos en los que el paciente se niega a someterse a un tratamiento médico. Personalmente, creo que esta posición es la correcta, por lo que la interrupción de un tratamiento debe tratarse como un caso de eutanasia pasiva impune.

Esta breve exposición es sólo el reflejo de la complejidad del tratamiento jurídico-penal de la eutanasia, pues la ley no brinda una solución expresa para todos los casos planteados, de manera que será el intérprete quien fije las directrices que deben regir en cada caso, sin perder de vista que si bien el legislador nicaragüense no reconoce un derecho a disponer sobre la propia vida, al menos brinda una relevancia sustancial al consentimiento del paciente que opta por una vida más corta sin graves dolores, que otra no mucho más larga acompañada de un sufrimiento insoportable.

*Estancia de Investigación Predoctoral, Facultad de Derecho, Universidad de Munich.