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  • Editorial EL PAÍS

El campamento de protesta de Gdim Izik, en las afueras de El Aaiún, fue la mayor demostración saharaui desde que España entregó a Marruecos su última colonia en 1975. A partir de mediados de octubre de 2010, unos 20.000 saharauis se concentraron allí pacíficamente para plantear reivindicaciones sociales.

En la madrugada del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes asaltaron el campamento. En la operación y en los posteriores enfrentamientos en El Aaiún murieron 11 antidisturbios y dos civiles saharauis. Previamente, un joven murió en un control por el disparo de un gendarme.

Veintisiete meses después de aquellos hechos, 24 activistas saharauis, entre ellos un intelectual como Naama Asfari, han sido juzgados por un tribunal militar en Rabat. Excepto en dos casos, las condenas por “violencia sobre agentes del orden con resultado de muerte” han resultado severas: 8 a cadena perpetua, 4 a 30 años y 10 a 20 y 25 años.

Las apariencias pueden ser engañosas. Los abogados de la defensa y sus clientes pudieron explayarse ante el tribunal. Los activistas defendieron incluso con argumentos, y también a gritos, el derecho a la autodeterminación. Había observadores internacionales presentes en la sala.

Los activistas fueron juzgados por una jurisdicción de excepción. El tribunal se negó a investigar las denuncias de tortura que formularon los acusados. Las condenas se fundamentan en las confesiones ante la policía judicial, que los activistas dicen inventadas o arrancadas bajo tortura.

En las armas con las que fueron abatidos los antidisturbios no aparecen las huellas dactilares de los acusados, ni tampoco se les reconoce en un vídeo del asalto proyectado en la sala de audiencia a instancias de la fiscalía.

El desarrollo del mayor juicio de saharauis desde que Rabat administra el territorio muestra que si en Marruecos los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente, en el Sahara lo son mucho más.