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El problema de las matemáticas y de la educación en Nicaragua, expone con razón el ex ministro de educación Miguel De Castilla Urbina, es una disfunción cultural, y no se solucionará si no es concertando alrededor de un objetivo común, iniciativas y mecanismos, en que deben estar incluidos todos los actores de la sociedad: instituciones públicas y privadas, religiosas, gobiernos locales, empresa privada, medios de comunicación, organizaciones políticas, organizaciones de sociedad civil y cooperación.

Por ello, a partir del 2007 se definió, entre otras, la IV Política de Educación, asumida así en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, teniendo como base que “la educación, derecho humano que abre las puertas a otros derechos, es una responsabilidad de todos y todas”. Política que significa entre otros la “participación de la Sociedad Civil Organizada en todos los procesos de gestión de la educación como una política transversal en función del desarrollo local y nacional”, y en primer lugar del desarrollo integral, sostenible, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a partir de una educación de calidad, que es el principal desafío, a la par de la retención de los y las estudiantes.

En su oportunidad, esta política fue sugerida por representantes de la sociedad civil organizada, y las autoridades del MINED y del gobierno la asumieron plenamente. En esa oportunidad se dijo que el lema debía ser, no “un ministerio en el aula”, sino “un ministerio en la comunidad”, “un ministerio más cerca de la realidad, desafíos y necesidades de la gente”, como después lo asumió la nueva administración, en la nueva estrategia educativa “escuelas abiertas”.

Para el cumplimiento pleno de esta política hace falta que sea promovida y asumida como una política de estado, que trascienda gobiernos, partidos políticos, ministros o ministras. Para que esa política nacional se materialice plenamente, se fortalezca y cobre vida, es necesario, entre otras cosas:

1. Que las ciudadanas y ciudadanos entendamos que somos sujetos de derechos, y no objetos de favores. Que la educación es un derecho humano fundamental.

2. Que se integren plenamente y funcionen en forma activa, eficientemente, las instancias de participación y consenso establecidas por ley, para el análisis, presentación de propuestas y alcanzar consensos para el logro de una educación de calidad para todas y todos. Que funcione el Consejo Nacional de Educación, presidido por el Vicepresidente de la República e integrado, según la ley, por dirigentes de los subsistemas de educación y de organizaciones de la sociedad (de estudiantes, de maestros, de padres y madres de familia, de ongs y de organizaciones comunitarias), entre otras. Se requiere que, así como funciona el Consejo Nacional de Universidades (CNU), y mejor, se integren “y funcionen realmente” consejos similares en cada uno de los subsistemas de las instituciones de educación: MINED, INATEC, SEAR. Igual deberían funcionar los consejos departamentales y municipales de educación en los 15 departamentos y 153 municipios, y los consejos en las regiones autónomas; al igual que en todos los centros de estudio, subsistemas y niveles de educación; con protagonismo importante de los gobiernos locales, sin obviar la responsabilidad del gobierno central y del Estado en su conjunto.

3. Que se integren y funcionen estas instancias, con todas las instituciones y organizaciones de la sociedad que corresponda, sin exclusiones de ningún tipo, alrededor del objetivo común de lograr la ansiada educación de calidad, pertinente para todos y todas los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de Nicaragua, y desplegar así todas las potencialidades humanas y territoriales del país. La educación en su conjunto, el logro de sus fines, objetivos y principios, serán posibles en la medida que sean fermentados, definidos, puestos en práctica, evaluados y retroalimentadas sus estrategias, planes y metas, en amplios y verdaderos consensos, derivados de procesos realmente participativos, en los que se involucran “todos los sectores y actores” de instituciones y de la sociedad civil organizada, comprometidos con la educación.

Sólo así podremos cumplir a cabalidad con los Objetivos de las Estrategias y Campañas en marcha, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015 y con las Metas que al 2021 han definido los Estados, a fin de lograr “La educación que queremos para la generación de los bicentenarios”.

 

* Especialista en temas de educación