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La violencia vandálica desatada el sábado pasado en León por las fuerzas de choque del FSLN para impedir el desarrollo de una marcha pacífica convocada por la Coalición Democrática de Occidente, representa un parteaguas en el rumbo del país. A juzgar por los hechos, el partido de gobierno ya renunció a cualquier pretensión de ganar el debate de ideas, o a demostrar el supuesto respaldo popular a su obra de gobierno, y ahora está resignado a imponer su hegemonía a garrotazo limpio. Estamos pues ante la admisión de un fracaso político, lo cual no le resta peligrosidad al asunto.

En León no se manifestaron expresiones espontáneas de la población sandinista, sino pequeños grupos organizados, armados de palos, tubos, machetes, morteros, que reciben órdenes de sus mandos superiores y las ejecutan de forma disciplinada. La agresión dejó un saldo de 5 heridos por arma blanca, varios vehículos destruidos, y toda clase de atropellos contra los manifestantes y la población, que incluso fue objeto de cateos en vehículos y buses por encapuchados armados de garrotes y machetes, que impunemente suplantaron a la autoridad.

La justificación de esta violencia, según han declarado los agresores, es que se trata de la respuesta ante una provocación de “la oligarquía, el imperialismo y la contrarrevolución”. Una justificación tan burda que ni siquiera se la creen los mismos simpatizantes del gobierno, porque en Nicaragua ya no hay guerra, no hay agresión externa como en los 80, y no hay contrarrevolución, porque tampoco hay revolución.

Solamente personas con un pensamiento fascista, que no toleran el pluralismo político, pueden considerar la presencia de otra fuerza política o social en las calles de una ciudad, como una provocación o amenaza. Y por eso es grave lo que ocurrió en León, pues la pareja presidencial está proclamando ante toda la sociedad que prefiere la violencia antes que tolerar la democracia. Prefieren ensangrentar el país e imponer por la fuerza a una minoría, antes que respetar la voluntad pacífica y la diversidad de otros grupos políticos. Y por ese camino, Nicaragua otra vez va directo al despeñadero.

Las imágenes de la televisión sobre los incidentes de León no mienten. No vimos en acción a los miles de simpatizantes del FSLN, que han hecho de este partido la fuerza electoral mayoritaria en León, sino a la cadena de mando del partido-gobierno encabezada por diputados del FSLN y por el candidato a alcalde de León, Manuel Calderón, el comandante Rufo, quien repartió garrotazos a diestra y siniestra. Otra vez, el partido sustituyendo a las masas, y el garrote del líder sustituyendo al partido.

Irónicamente, toda esta orgía de odio y violencia se pretende justificar en nombre de un gobierno que proclama el amor y la reconciliación. Y los que promovieron la violencia en León son los mismos que en Managua se burlan de la pobreza y exhiben al pueblo desempleado en las rotondas, para que a cambio de un plato de comida “recen contra el odio”.

¿Hasta cuándo las iglesias, los pastores, los obispos, seguirán tolerando que en nombre de Dios se burlen del pueblo y se imponga la violencia? ¿O es que también las Iglesias se convertirán en cómplices de esta aberración? ¿Y cuándo reaccionarán los empleados públicos, los sandinistas honestos, los que creyeron en la consigna del FSLN de “trabajo y paz”, que ahora ha sido suplantada por la nueva ideología oficial que proclama el cinismo y la demagogia?
Todos deberían comprender que lo más grave detrás de la violencia es la amenaza que esconde de instaurar un régimen político represivo. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua enfrentan hoy la más difícil encrucijada de su historia moderna. En el caso de León, hay que reconocer que el rápido despliegue y la intervención policial impidió que hubieran muertos, evitó más heridos y mayor confrontación. Pero la labor de la Policía no puede limitarse a impedir que una minoría armada y violenta agreda a los que quieren manifestarse de forma pacífica, sino que está en la obligación de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos. En León, la Policía sólo cumplió a medias su misión, porque los agresores actuaron con impunidad. Sin embargo, la excesiva prudencia de la actuación policial, que algunos critican como complicidad, debe analizarse en el contexto de lo que está en juego, que es ni más ni menos el futuro de esta institución.

Porque, evidentemente, al presidente Ortega le conviene provocar una crisis en la Policía Nacional. Pero antes necesita la excusa perfecta para acusar a los mandos policiales de “reprimir al pueblo”, léase a los simpatizantes del partido de gobierno, y si hay derramamiento de sangre mejor aún, para después barrer con los mandos policiales e imponer una jefatura al servicio de sus impulsos autoritarios. El día que eso ocurra, se instaurará en el país una dictadura de corte represivo, lo que equivale a una invitación al caos y a la rebelión abierta, retrocediendo tres décadas de historia de un solo plumazo.

Por eso la prudencia en la actuación policial debería ser correspondida por una actitud responsable de parte de la oposición: están obligados a evitar caer en la trampa de la violencia. Aunque el desafío más complejo de la oposición reside en el campo de la acción social y las propuestas alternativas al régimen Ortega-Murillo. Las políticas asistenciales del gobierno no le han brindado una respuesta integral a las necesidades del pueblo. Su objetivo es eminentemente cortoplacista: alimentar el clientelismo político de la base orteguista del FSLN ante las elecciones municipales. A veinte meses del gobierno de Ortega, en Nicaragua hoy hay más pobreza, menos empleo, y más inflación, pero el gobierno continúa manteniendo un sólido respaldo de una cuarta parte de la población. En otras palabras, sigue siendo un gobierno de minoría, pero representa a la minoría mejor organizada y cohesionada del país, y con grandes posibilidades de ganar las elecciones municipales.

De manera que después de lo ocurrido en León, si el pueblo calla ante la violencia, y se deja imponer el miedo, el presidente Ortega eventualmente logrará su objetivo, para despejar -- vía un nuevo pacto con el PLC-- el camino futuro hacia su reelección. Solamente si el pueblo responde reclamando sus derechos, y a partir de ahora más gente sale a las calles a protestar y a votar, entonces sí podremos decir que existe la esperanza de un cambio verdadero.

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