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En Nicaragua, el sistema procesal civil se estableció en concordancia con casi toda Iberoamérica; es un sistema cimentado en Civil law, cuyo origen real es el proceso común del régimen romano-canónico, dotado de ritualidad, escrituralidad y solemnidad. Es un culto jurídico donde todo, absolutamente todo, depende de la escritura.

Su característica, además de lo escrito, son los tiempos rígidos, los espacios procesales incólumes en actividades judiciales determinadas; es aburrido, desconcentrado, burocrático, tequioso, lento, falto de personalidad y trato humano; no hay comunicación directa, ausente de inmediación; carece de contacto inmediato entre el judicial, las partes litigantes y las pruebas; carece de publicidad.

En su propio enjuague y conveniente repertorio, sucede que cada pretensión tenga etiquetado su ajustado trámite individual, arrastrando enormes carencias en recursos humanos y materiales, lo que provoca la falta de estímulo en los operadores de justicia involucrados, generando resultados ineficientes, creando desaliento en los usuarios, con trazas de inconformidad por la lentitud y la lenidad.

En mayo de 1871 se redactó el primer Código de Procedimiento Civil y para el 1 de enero de 1906 entró en vigor el actual, con dos mil ciento cuarenta y cinco artículos y se anexa la ley de Notariado y la del Colegio de Abogados, hoy inexistente.

Su origen se apoya, esencialmente, en el código español y el chileno, y se contó con la pluma redactora de los destacados juristas Francisco Paniagua Prado, José Francisco Aguilar y Bruno Buitrago Bruno. Con los cambios propios de la humanidad y en especial los quebrantos y afinamientos de nuestra nación a lo largo de todos estos años, el vigente código se ve inapropiado y desajustado.

Impulsados por la misma dinámica emanada de las relaciones jurídicas naturalmente dadas entre las autoridades judiciales pertinentes, las asociaciones de abogados y legisladores inmiscuidos en esta verdad, han diseñado un nuevo Código Procesal Civil que viene a ajustar sus válvulas procesales con el presente y futuro del país.

Muchos son sus aciertos, pero uno de vital importancia es la oralidad, como la manera de argüir los hechos con los que debe sustentarse el órgano judicial, como también el conglomerado de actividades procedimentales de los actos del juicio.

La implementación de este tipo de proceso es de nueva data en nuestra América, se aprobó un código modelo para todos los países en Río de Janeiro en 1988, como culminación de un necesario proceso de evaluación e impulso orquestado por destacados procesalitas que vieron la necesidad de implementar procesos más ágiles y sobre todo, cercanos al ciudadano.

Personalmente, me agrada el hecho que nuestro sistema procesal civil se vuelque tanto en lo teórico como en lo práctico en la oralidad procesal, en juicios por audiencias, en el contacto directo de los involucrados debatiendo a los ojos, el tuyo y el mío; es saber derecho, es recitar desde el fondo el alegato jurídico con la verdad material.

Estos procesos orales permiten que rija con plenitud el principio de inmediación, es decir, en un mismo acto de forma dialogal se ven y se actúan todos los concurrentes en las audiencias convocadas por la autoridad judicial. Es un encuentro de las partes procesales; están los abogados litigantes, los peritos invocados y convocados, los infaltables testigos, la descarga de la prueba documental; en fin, hay concentración de acciones y actos judiciales con todas las partes involucradas.

No hay dispersión legal, no existe displicencia en la carga de las innumerables notificaciones que presta nuestro actual código procesal civil y su forma escrita y tediosa. Con los procesos orales se amaina la corrupción por la misma solidificación procesal y la concentración de los actos jurídicos y su consecuente resolución judicial.

Con este proceso oral civil, en dictamen legislativo para su pronta aprobación, conseguiremos una mejor aplicación del derecho y poder debatir con efectividad las pretensiones de las partes y por ende obtener sentencias más cercanas a las fechas pretendidas.

Ojalá que con el nuevo Complejo Judicial Central Managua y resto de las instalaciones en el país, se estrene lo más pronto posible este necesario código, con él estaremos a prueba las autoridades jurisdiccionales y los abogados litigantes, enhorabuena.

 

* Abogado.