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Es indiscutible la importancia de las tecnologías de la comunicación. Y es maravilloso que mediante un pequeño dispositivo podamos comunicarnos y vernos; estudiar y trabajar sin importar las distancias. Pero estas tecnologías puede que por un lado ayuden y por otro estén afectando negativamente, si no se prevén sus efectos en la salud, o si no se cumple con los requisitos de instalación. O lo que es peor, si no contamos con regulación legal.

Según nota de un diario nacional, el director de Telcor considera que no será necesario retirar las antenas para celulares de las áreas urbanas porque “la Organización Mundial de la Salud establece que la antena y la torre no es dañina”. ¿Y las radiaciones que emiten serán inofensivas?

La Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia científica de que afecten, pero continúan las investigaciones porque tampoco hay pruebas de que no afecten, y recomienda se aplique el principio de precaución, reconocido mundialmente y recogido en las leyes: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992).

Y algunas investigaciones ya aseguran que sí afectan. Entonces, ¿faltan evidencias, se desconocen o se esconden? ¿No conviene divulgarlas como pasó con los efectos del tabaco? ¿O por presiones económicas? Y si no causa daños ¿por qué en otros países tienen leyes estrictas?

Si la solución es que todas las empresas de telefonía estén en la misma antena, ¿no disminuiría la potencia de transmisión de datos?, ¿no aumentarán las radiaciones electromagnéticas? La salud y el medioambiente deberían estar por encima de los costos económicos.

Los políticos deberían acercarse a los científicos, más que a los empresarios, que por conveniencia dicen que las antenas no afectan. Y los funcionarios públicos, ¿responden a los intereses de la población o de las empresas? Hay bastante literatura como para aprobar leyes duraderas y evitar que se cambien al día siguiente. ¿O vamos a esperar ver qué pasa? No podemos esperar. Las leyes son para prevenir.

Esta tecnología avanza con gran rapidez, mientras la legislación permanece en intenciones. ¿Podremos detener las posibles consecuencias a corto y largo plazo? A finales del 2012 instalaron una antena a 70 metros del hospital dermatológico, cuando se debería evitar que estén cerca de centros infantiles y de salud. Está en un pequeño patio y entre viviendas. La gente de los alrededores sólo se quedaba viendo el gigante que se enseñoreaba en el espacio aéreo y terrestre.

La población tiene derecho a saber no sólo sobre los posibles efectos, sino sobre la instalación. Conocer el área de influencia. Incluso, debería ser informada antes de instalarse. Tenemos derecho a la salud, a vivir en una casa digna, segura, en un ambiente saludable; pero algunas personas tienen miedo que, en una ciudad tan sísmica como Managua, la antena les caiga encima. Eso estresa, y el estrés enferma.

Además, las antenas devalúan las propiedades. Nadie va a querer una casa amenazada por semejante monstruo metálico. A esto se agregan los efectos antiestéticos, la afectación al paisaje visual. Si don Quijote de la Mancha viniera por estos lugares, no le daría tiempo otra vida para enmendar tantos entuertos y librar batallas, no contra los molinos de viento, sino contra estos gigantes urbanos.

¿Viviremos sano, bonito y seguro con tanta armazón aérea? ¿O son la estructura para un bosque urbano de exuberantes árboles de Navidad? ¿Al director de Telcor le gustaría tener uno de estos en su patio? Hay que armonizar desarrollo tecnológico con desarrollo humano.

 

doraldinazu@gmail.com