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Toda nación moderna aspira a desarrollar su riqueza para un reparto más equitativo bajo un modelo sostenible que permita la solidaridad entre las sucesivas generaciones. Ese inmenso esfuerzo de creación de riqueza no puede quedar en manos únicamente de la iniciativa pública y, al contrario, debe surgir de una bien sincronizada combinación del esfuerzo público, sobre todo regulando con acierto, y de la iniciativa privada que toma los riesgos empresariales proporcionales a un legítimo beneficio. En esa combinación de esfuerzos el sistema tributario juega un papel imprescindible.

Hace poco Nicaragua ha modernizado sus leyes fiscales (Ley de Concertación Tributaria, LCT), lo que merece el mejor de los elogios pues apunta en el camino necesario para que el intercambio comercial y la generación de beneficios también repercuta en el pago de impuestos que aseguren el progreso y un gasto público solidario sin desincentivar el esfuerzo emprendedor. En este marco modernizador del sistema tributario, la LCT establece categorías fiscales que blindan la hacienda nicaragüense ante habituales abusos que hemos visto en economías más desarrolladas.

Nicaragua ya dispone de una legislación sobre precios de transferencia, establecimiento permanente/sucursal y subcapitalización que protege la recaudación nacional de posibles abusos inherentes a los negocios internacionales: la transferencia ilícita de beneficios fuera del país en perjuicio de la recaudación nacional. Nicaragua está en un momento parecido al que mi país, España, podía encontrarse hace poco más de 30 años: un momento de apertura a los mercados internacionales, de apuesta por una economía que equilibre servicios y producción industrial y en la que el turismo deberá ser un motor de progreso.

Es Nicaragua una nación con un PIB (apenas 9.300 millones de dólares) notoriamente inferior al peso proporcional que su territorio, población y expectativas debería tener. Incrementar el PIB es una tarea nacional, pues de ella (y de un reparto solidario del PIB) depende el desarrollo de una clase media emergente que asegure generaciones de progreso y estabilidad. En ese desarrollo económico las reglas fiscales juegan un papel decisivo alejando o acercando inversiones y esfuerzos de emprendimiento y transformación. Y entre esas reglas, necesariamente, Nicaragua deberá, sin más demora, dotarse de Convenios Internacionales con otros estados sobre doble imposición.

Es momento ya de completar la buena dirección en materia tributaria emprendida por el gobierno nicaragüense y tejer con las naciones adecuadas aquellos pactos tributarios que, sin renuncia a la soberanía tributaria nacional, incentiven los intercambios empresariales. Es momento ya, con un sistema fiscal moderno, de olvidar viejas e inútiles doctrinas falsamente proteccionistas que niegan las ventajas de los Convenios sobre doble imposición y que, lejos de proteger, aíslan a las economías que optan por aquellas doctrinas.

España ha sido un buen ejemplo, y, así, abandonadas aquellas doctrinas proteccionistas del interés nacional mal entendido, ha firmado más de 40 Convenios en los últimos 20 años, hasta alcanzar casi 100. La razón de ser del Convenio es dar seguridad jurídica a los flujos mercantiles, y la experiencia en economías emergentes (como la de Nicaragua) asegura que es un instrumento multiplicador de inversión extranjera y, con ello, de la riqueza nacional. Nicaragua es un país seguro y estable políticamente, lo primero que necesita la inversión extranjera; lo segundo es la existencia de autopistas para invertir sea en tierra, mejorando las infraestructuras, en aire abriendo sus cielos, o jurídicas permitiendo la circulación de inversión.

Es cierto que la economía nicaragüense y sus actores (gobierno entre ellos) trabajan por mejorar su balance comercial y para ello no deben prescindir de una herramienta idónea: Nicaragua debe añadir a sus pactos internacionales (Tratado de Libre Comercio, DR-CAFTA, Adhesión al ALADI, Acuerdo de Asociación, etc.) una moderna red de Convenios y verá, sí o sí, incrementar sus exportaciones que, pronto, deberán doblar los actuales 3.000 millones y su cuota del turismo mundial (apenas 1 millón de personas).

Este país está, como otros emergentes, en el foco de los capitales con saludable apetito por invertir e incrementar la riqueza nacional; lejos de percibir a Nicaragua como un país aislado tributariamente, el inversor y la hacienda nicaragüense pueden encontrar en el Convenio el pacto equitativo sobre el reparto de la carga fiscal. Como abogado y profesor de tributación internacional, no puedo dejar de reclamar que corresponde al gobierno español ser ejemplo en sus relaciones con Nicaragua, no solo en cooperación internacional sino en otros ámbitos, y liderar el proceso de internacionalización al que, sin duda, camina la economía nicaragüense.

Tiene Nicaragua la oportunidad de abrir un gran canal económico y cobrar ventaja en este proceso de negociación de Convenios en el área centroamericana pues sus vecinos, Honduras, Guatemala y El Salvador, están aún huérfanos de esta herramienta.

 

* Profesor de Fiscalidad. Instituto de Empresa, Madrid. Abogado de Hidroenergy de Nicaragua, S.A. Miembro de Global Council de Ernst & Young