•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

“La diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el segundo puede preguntarse por su vida y cambiarla.”

Alejandro Gándara

 

En varios Estados del hemisferio la libertad de expresión continúa seriamente amenazada: asesinatos impunes a periodistas, amenazas, agresiones e intimidaciones a medios de comunicación. Situaciones y leyes contrarias a la convención y declaración de principios sobre la libre información.

Estos principios están en riesgo por un paquete de reformas recientes de la Asamblea General de la OEA que de ser aprobadas en marzo reducirán las facultades de la Relatoría Especial para la libertad de expresión y la CIDH instituidas con el fin de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libre expresión. Desembocarían en un debilitamiento y eliminación del periodismo libre establecido en el artículo 13 de la Declaración de Principios en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Existen intereses desde 2011. Cuando los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela, molestos por los cuestionamientos y medidas cautelares emitidos por la CIDH, amenazaron con retirarse de la OEA. En esa ocasión, Nicolás Maduro, ex canciller de Venezuela, expresó lo siguiente: “les decimos a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe que ha llegado el momento de desmantelar esa estructura decadente de la Corte Interamericana y de la CIDH.”

Países como Argentina, Bolivia, Nicaragua y Ecuador comparten esas posiciones restrictivas. La reciente reelección de Rafael Correa con su historial represivo al periodismo opositor está generando grandes inquietudes sobre el tema. Una mayoría oficial parlamentaria aunada a un populismo exitoso le prestaría grandes espacios a una ley de comunicación sin precedentes, nociva al pluralismo democrático. Un poder en el horizonte casi absoluto sobre los medios de comunicación. Solo superado por la Cuba de Fidel Castro.

La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos. No es solo un derecho individual. Al mismo tiempo es extensiva a las actividades artísticas, culturales, sociales, religiosas y políticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de cada país.

Sin embargo, estos principios parecen también estorbar a organizaciones terroristas o carteles de armas y drogas inmersos en una guerra contra la sociedad y sus denunciantes a quienes ven como adversarios a destruir. Sus ideas y opiniones dentro de una sociedad democrática frenan su despliegue macabro y destructivo.

Es verdad que la falta de participación equitativa impide el amplio desarrollo de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. Esto se logra resolver a través de una participación activa y pacífica de toda la sociedad –sin exclusiones partidarias— en las instituciones democráticas del Estado en donde el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta plenamente permitiendo mejorar la condición de sectores marginados.

El acceso a la información del Estado es un derecho fundamental de los individuos que solo debe limitarse en casos de amenazas a la seguridad nacional. Por desgracia, buscar y explicar la verdad entre tanto odio, corrupción, intereses y amenazas a la vida misma se ha convertido en una actividad de alto riesgo incluso en algunos países mal llamados democráticos. Bajo censura previa, el libre ejercicio de expresión como mecanismo efectivo de participación ciudadana o de control democrático de la gestión gubernamental no puede cultivarse.

En estos tiempos, el periodista es un objetivo a eliminar, neutralizar o en el menor de los casos amedrentar, acompañándolo en su padecimiento al ciudadano, que usa las redes sociales que lo convierten en un enemigo periodista.

 

* Médico cirujano