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Ante la inminencia de que en los próximos días se promulgue la Ley de Reformas a la Ley Orgánica del INSS, lo que pareciera que ya es indetenible, considero que, aunque tarde, aún vale la pena que los sectores económicos y sociales aporten a lo menos algunos asteriscos al texto de la misma, en el ejercicio del derecho elemental e irrenunciable y de la obligación que tienen para nuestro pueblo, de luchar a favor de la justicia que lo ampare en esta crítica situación en que vive actualmente.

Si bien la realidad política que sustenta el ilegítimo gobierno de Daniel Ortega y el sector empresarial, que para todos los efectos legales actúa como simple apéndice, dejan muy poco espacio a la esperanza de mejorar las cosas que causan sufrimientos inmerecidos a los trabajadores. Aún hay tiempo para dejar sentadas las siguientes desgraciadas premisas en relación a la seguridad social que aún persisten y que deberían ser erradicadas de manera absoluta y para siempre:

1) Que el Seguro Social es patrimonio de los trabajadores y que, en cualquier país civilizado, “la Ley de Seguridad Social es la más importante después de la Constitución”, tal como lo afirmara en EL NUEVO DIARIO el docto en esta materia, Manuel Israel Ruiz. 2) Que el Consejo Directivo del INSS debe ser nombrado por la Asamblea Nacional a propuesta de los trabajadores y empleadores, asistidos por el Estado, y no por el presidente de turno, cuyo periodo de gobierno podría perpetuarse como se viene haciendo hasta hoy. 3) Que las inversiones del INSS se hagan con impecable transparencia porque hay muchas tentaciones y mucho dinero en juego (más de catorce mil millones de córdobas). 4) Que el presidente Ortega pague al INSS los seiscientos millones de dólares que su gobierno es en deberle. 5) Que el INSS deje de pagar los noventa millones de dólares anuales a las empresas médicas previsionales por la pésima atención que ofrece a los asegurados y, además, porque el INSS no debe “negociar” con empresas que operan fuera de la ley.

Además de las graves irregularidades señaladas, deben agregarse las que en un caldo delincuencial ya se están cocinando: 1) Incrementar la cotización obligatoria del trabajador. 2) Aumentar la edad (hasta los 65 años), para que los trabajadores puedan tener derecho a jubilarse. 3) Elevar de 750 a 1500 el número de cotizaciones, lo que sumado a los 65 años de edad habilitarán a los trabajadores para poder reclamar su derecho a la jubilación por vejez. A ese respecto, cabe reflexionar que después de haberse intentado durante los últimos 30 años mejorar la Ley Orgánica del INSS para proteger a los trabajadores, ahora se descubren en las reformas puntos perturbadores para la paz social. De una vez por todas, y para su propio bien, el INSS debe cambiar su arrogante postura de capataz, que considera mendigos a los jubilados de la tercera edad, a quienes se les da un trato pésimo en todos los órdenes, en especial en lo que hace a la salud, para asumir su real papel de institución de servicio de los trabajadores, a los que tiene que reconocer los derechos que le asisten para exigir un trato mejor.

Hasta ahora, el INSS ha venido viendo con manifiesta preocupación los avances técnicos de la Medicina en general, que logran día a día la prolongación de las posibilidades de vida, lo que contrasta con sus estrategias de aumentar los años de trabajo y cotizaciones, que sumado al hecho de la premeditada actitud de escamotearle las medicinas prescritas para su subsistencia, los lleva prontamente a su muerte para satisfacción del INSS, que persigue que la mayor mortalidad de los jubilados aumente su reserva monetaria, y poder ir economizando sus gastos en atención médica.

El fruto de ese latrocinio aumentará el caudal de esa caja chica de la que el gobierno, con la complicidad de los directivos del INSS, podrá seguir abusando a su antojo. La delincuencial estrategia señalada, que no es otra cosa que la “solución final” que puso en práctica la Alemania nazi a través de Heinrich Himmler, podría llevar al INSS y al gobierno de Ortega a ser considerado como los promotores del plan de exterminio de los jubilados de la tercera edad.

Lo que expongo es con fundamento en lo que dispone el Estatuto de Roma, en el acápite h) del artículo 7, que sindica entre los delitos de lesa humanidad, entre otros, los procedimientos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos contra la integridad fisca o salud física o mental de un grupo o colectividad; también se refiere a este delito el acápite b, inciso 2 del artículo 7 de ese mismo cuerpo legal, que, a la letra dice: El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a medicinas, encaminada a causar la destrucción de parte de una población.

La vida de los niños y de los jubilados por vejez constituye lo más importante de una población; proteger del exterminio a esos sectores indefensos es la primordial obligación del Estado.

 

* Abogado