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La batalla entre lo legal y lo real en la Costa Caribe de Nicaragua no es nueva, estos conceptos, Legalidad y Realidad, suelen andar por caminos independientes, por un lado  el universo burocrático, requisitos legales en el que se desenvuelven la mayoría de Fiscales, Defensores Públicos, Jueces, Registradores y Policías; y por otro, la realidad de las Comunidades. Ambos mundos han desarrollado una relación indiferente, no muy sincera y al mismo tiempo armoniosa, debido a un vaso comunicante, la necesidad de restablecer el orden jurídico social.

Esta teoría quizás sea aplicable para todo el país, sin embargo en la Costa Caribe es más evidente y palpable, la falta de fiscales en casi todos los municipios de la Costa Caribe, deja en evidencia el estado de indefensión en que se encuentran las víctimas quienes no puede costear el largo y costoso viaje muchas veces hasta la cabecera regional en busca del dueño de la acción pública (Ministerio Publico) o de un abogado privado.

En su Teoría General del Derecho y del Estado, Kelsen señala que “la validez de un orden jurídico depende de su eficacia y pierde su validez cuando la realidad deja de coincidir con la norma…”. En ese sentido es innegable que la Costa Caribe de Nicaragua tiene un cuerpo normativo excelente que tutela Derechos importantes tanto a nivel colectivo como a nivel individual, tal es el caso del Derecho de Propiedad o el derecho al intérprete, lamentablemente el título de propiedad comunal no detiene la frontera agrícola y los derechos y garantías relacionadas al uso de la lengua indígena y afro descendiente en los procesos judiciales no se cumplen.

La falta de recursos, la poca o nula presencia institucional, la complicada ubicación geográfica, la resistencia al cambio argumentando costumbres y tradiciones evidentemente violatorias a derechos, de mujeres, niños, niñas y adolescentes, son solo algunos de los elementos que se conjugan en detrimento de la Legalidad y la aplicación de Justicia en la Costa Caribe. Impidiendo en la realidad que se cumpla con la Legalidad al pie de la norma.

Un ejemplo claro que deja en evidencia la dicotomía entre la Realidad de las comunidades y la Legalidad en la aplicación de la norma, son los casos de violencia contra la mujer y la aplicación de la ley 779, en donde la policía, los centros de mediación y facilitadores judiciales por la falta de representante del Ministerio Público, siguen realizando acuerdos o simplemente ignorando dichos eventos violatorios a los derechos humanos, lo que va siempre en detrimento de la víctima o peor aún, es el acoso abuso o violación a menores de edad por parte de adultos, a la vista y paciencia de las autoridades escolares, médicas y comunales, quienes, en la realidad, ven estos actos como algo normal, encasillando comportamientos delictivos como el embarazo de una menor de edad, como un acto culturalmente aceptable.

Más preocupante que la falta de Fiscales, la poca presencia institucional, los altos índices de robo y violencia, es la reacción que tiene la comunidad ante estos delitos, la tolerancia, la pasividad y complicidad ante el crimen y los criminales, dejando en evidencia la pérdida de valores culturales tradicionales positivos y la duplicidad de sus argumentos y acciones.

En ese sentido se hace necesario que el estado una vez que aprueba las leyes brinde al usuario del Sistema Judicial y a los operadores de justicia, las condiciones presupuestarias y de infraestructura mínimas que se requieren, sin olvidar la permanente capacitación profesional a los funcionarios públicos, con el fin de lograr un cambio de actitud respecto a la situación Socio-Jurídica en las Comunidades.

También es importante que las comunidades y sus líderes comiencen a jugar un rol más preponderante en la educación de los comunitarios, en la prevención del crimen y la sanción del mismo, en el cambio de actitud, en la importancia de denunciar el delito y a los delincuentes, sean estos miembros o no de la comunidad, finalmente es necesario que exijan con más vehemencia el cumplimiento de sus derechos con el fin de entrelazar la Realidad con la Legalidad. Demandemos de hecho, lo que es nuestro por derecho.

 

* Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes