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La Asamblea Nacional promulgó la Ley 822 (Ley de Concertación Tributaria), publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 241 del 17 de diciembre de 2012, que entró en vigencia el uno de enero de 2013. Eufemísticamente la legislación fue bautizada “de concertación”, porque contó con el respaldo del COSEP, Sindicatos y Gobierno, aunque sus críticos la cuestionan ya que mantiene privilegios fiscales para los más ricos, ensañándose con los sectores más empobrecidos.

Los puntos que quiero abordar en este espacio son: tributaciones y exenciones. Impuesto Sobre la Renta (arts. 3 al 106), es uno de los tributos más importantes, por cuanto afecta a más de 600 mil trabajadores, empresas, industria, comercio, etc. Están obligadas a declarar el IR personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Afecta rentas de trabajo, actividades económicas, rentas de capital, IR en la fuente, por enajenación, donación de bienes inmuebles. Los empleadores públicos o privados son retenedores del impuesto.

Los exentos de pagar el IR (art. 19) son trabajadores que ganan menos de 100 mil córdobas al año; el décimo tercer mes; indemnizaciones hasta cinco meses de salario; las convenciones colectivas; prestaciones del Seguro Social; indemnizaciones por daños físicos o psicológicos; viáticos.

Renta de Capital: hay exenciones subjetivas y objetivas (arts. 77 y 79). No pagan impuestos: Universidades, poderes de Estado, representaciones diplomáticas, títulos valores del Estado, premios de lotería hasta 50 mil córdobas, premios en casinos y salas de juego hasta 25 mil córdobas.

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es un impuesto indirecto del 15%; grava el consumo general de bienes o mercancías; los que venden bienes y servicios se convierten en retenedores del impuesto, el cual deben enterar periódicamente a la DGI.

Están exentos del IVA: médicos y odontólogos, salvo los relacionados con la estética; contratos de seguro agropecuario; espectáculos deportivos no profesionales; eventos religiosos; transporte interno, aéreo, terrestre, etc.; enseñanza educativa, energía eléctrica para riego; agua potable, servicios financieros, transacciones bursátiles, cartera de créditos cedidos, arrendamiento de inmuebles para casa de habitación, arrendamiento de tierras, y maquinarias agropecuarias.

Cuando la Ley 822 estaba en pleno debate en el parlamento, se conoció que la iniciativa quería incluir a los abogados para que cobraran a sus clientes el 15% del IVA. La propuesta levantó un avispero, no obstante, al final, aparentemente la propuesta fue desestimada; aún el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, categóricamente ante los medios manifestó que los abogados no serían incluidos, empero, en la ley no aparece categóricamente, como lo hace con los médicos y odontólogos (art. 136.1), que los abogados están exentos del IVA. Tal vacío ha generado dudas en el sector de profesionales; los progubernamentales mantienen que debe cobrarse el impuesto y otros opinan que no.

Expresamente, la Ley 822 no ordena a los abogados cobrar a sus clientes el IVA. Queramos o no, constitucionalmente la abogacía está ligada al Poder Judicial; los abogados son una especie de cirujanos jurídicos (doctores de la ley); son operadores de justicia. Sin los abogados no habría paz social ni se resolverían pacíficamente los conflictos sociales y económicos.

 

* Abogado y Notario