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Han transcurrido apenas dos meses de vida de la ostentosamente llamada Ley de Concertación Tributaria. Cualquier análisis del impacto de este cambio fiscal sería prematuro a estas alturas. No obstante, han bastado 60 días para observar cómo vienen asomando peligrosas dentelladas de la autoridad fiscal.

Esta ley de evidentes transformaciones de fondo, retóricamente “concertada”, debió someterse a una postergación temporal de su aplicación mientras el capital humano y los dispositivos institucionales, tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes, se capacitaban y organizaban para adaptarse a las nuevas condiciones. Esta iniciativa se ofreció oportuna y públicamente desde diversos sectores independientes, pero fue rechazada de plano. Olvidaron que muchísimas leyes de trascendencia emitidas en el país, han resuelto la exigencia técnica de un razonable período de vacatio legis o prórroga de aplicación. Tres ejemplos ilustran la idea: Código Tributario, 6 meses. Ley de Firma Electrónica, 1 año; Ley de Acceso a la Información Pública, 6 meses.

La obcecada prisa por oficializar la naciente ley, resultó agravada por la comisión de ¡30 errores de fondo! en el texto de La Gaceta, corregidos a todo vapor dos semanas después de su nacimiento mediante el discutible procedimiento de una fe de errata publicada en la Gaceta No. 10 del 18 de enero de 2013, “olvidándose” que a través de este mecanismo únicamente se pueden rectificar errores gramaticales o de transcripción, pero jamás cabe reformar lo aprobado oficialmente por la Asamblea Nacional. La joya de la corona se hizo notar en la publicación del reglamento de la ley hasta el 22 de enero de 2013, lo cual provocó un limbo jurídico sin precedentes a lo largo de las tres primeras semanas del año. Entre otros graves efectos fiscales, se borraron del mapa todas las retenciones del IR a cuenta durante ese período.

Pero esta cadena de inconsistencias aún no concluye. Los arquitectos de la Ley de Concertación Tributaria cometieron un delicadísimo pecado fiscal contra el sentido común: en lugar de establecer puentes a través de orientaciones técnicas y aclaraciones a los contribuyentes para viabilizar la entrada en vigor de una disposición de semejante calado, más bien se dedicaron a “innovar” incorporando el relleno de figuras innecesarias y nada rentables aunque de inminente desgaste para los contribuyentes y el mismo fisco.

Un buen ejemplo es el tristemente célebre invento de la “autotraslación” del IVA integrado en el artículo 115 de la Ley de Concertación Tributaria. En breves palabras significa: como existen contribuyentes fiscalmente regularizados que reciben servicios de personas que “andan por la libre”, es decir, que no están formalizados ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y por tanto no realizan el traslado del 15% del IVA, entonces la retención por el servicio que brinda este sujeto la hará quien recibió el servicio. Dicho de otra manera, como el “informal” no puede trasladar el IVA, lo hacés vos mismo “autotrasladándote”, pretendió decir la ley.

Este engendro extraño y no bien formulado en la ley, se ha vuelto mucho más confuso a raíz de interpretaciones erróneas de la DGI expresadas en la Disposición Administrativa No. 3-2003, que han desbordado la ley estableciendo de manera inconstitucional nuevos plazos, nuevos sujetos afectados y nuevas bases imponibles.

Reflexión desconcertada:

Los responsables de una ley que nació a escondidas y por tanto que de concertación solo tiene el nombre, no pueden darse el lujo de erosionar la débil legitimidad que podría quedar en la institución tributaria nacional. Las cúpulas involucradas –élites financieras y gobierno, como un solo puño demoledor– que acometieron la aventura de una reforma tributaria enemistada con el consenso y la equidad, deben ahora tener el coraje de enfrentar estos problemas prácticos de aplicación de la ley, a riesgo de tentar al demonio de la desobediencia tributaria si continúan en silencio. Para comenzar, debe ponerse orden en la casa dejando sin efecto la Disposición Administrativa No. 3-2003.

¿Cómo es posible que quienes acallaron cuanto consejo técnico les metía bulla en el proceso de gestación de la ley a puerta cerrada, sean ahora incapaces de resolver estas arbitrariedades? ¿Bastará su cándida impotencia ante los excesos de la DGI? La prueba más irrefutable de una falacia denominada “concertación tributaria”, es que ni entre la misma dupla gobierno-COSEP han podido conciliar sus posiciones internas sobre la aplicación de la ley. Y si esto no fuera cierto, ¿quién podría explicarnos por qué la DGI ordena una cosa en materia de “autotraslación” del IVA mientras simultáneamente el presidente del COSEP no para de cantar loas a la ley como si nada hubiera pasado, siendo él uno de los principales conocedores del problema? ¿Y el Ejecutivo qué opina de esta concertación del desconcierto?

 

* Experto en Derecho Tributario