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Cada vez que nuestra Corte Suprema de Justicia admite y da trámite a recursos de amparo en contra de resoluciones de la Contraloría General de la República en la que se establecen presunciones de responsabilidad penal en contra de funcionarios públicos sujetos a investigación, la misma Corte viola la ley y delinque a sabiendas, solo para favorecer con esa mampara ilegal a delincuentes protegidos por el poder público que fraudulentamente se aprovechan de los bienes del Estado en su beneficio, el de su familia o el de sus allegados.

Si el artículo 127 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y sus reformas dispone con meridiana claridad que “no serán susceptibles de impugnación las resoluciones que establezcan presunciones de responsabilidad penal”, pronunciándose en igual forma la Constitución Política de la República en su artículo 156, ¿por qué la Corte Suprema encubre a estos delincuentes privilegiados, a los que cada vez más se pretende favorecer con las reformas al Recurso de Amparo y con la ampliación del inefable recurso de “Habeas data” con los obscuros subterfugios que lo hacen más eficaz en el delincuencial propósito de prevaricación?

Cumplamos primero con la ley que tenemos y hasta después de haberla cumplido adornémosla con todos los accesorios, chucherías, baratijas y truculencias.

La secretividad, el sigilo y la confidencialidad dentro de nuestro marco jurídico, no solo son lícitos sino necesarios cuando no sobrepasan los límites de la ley y el orden público. Tenemos que respetar los secretos de Estado y, consecuentemente, los secretos militares, siempre que en su salvaguarda no se recurra a la tortura o al asesinato de un reo. Respetar los secretos de fábrica para proteger a las empresas comerciales o industriales de la piratería o la competencia desleal; el sigilo bancario que protege la confidencialidad del cliente y de su familia por lo que hace a sus operaciones bursátiles legales; pero no al sigilo que se presta a la protección del crimen organizado y sus consecuentes secuelas de lavado de dinero producto del tráfico de drogas y estupefacientes y de los capitales de las mafias y de las empresas e instituciones públicas o privadas con participación del Estado.

La Corte Suprema de Justicia, hace algunos años, en relación al desfalco que había terminado con el BANIC en 1998, resolvió que en el caso de la auditoría del BANIC no debía aplicarse la regla del sigilo bancario porque transacciones que afectan intereses del Estado no pueden encubrirse por ningún pretexto; sin embargo el Ministro de Hacienda coludido con el Presidente de la República y a la sombra del sigilo bancario, se negó a entregar a la Contraloría los documentos originados en el Banco Mundial, que constituían importantísimas pruebas en la investigación de los delitos que se desprendían de la auditoría de la venta de las acciones y otras operaciones colaterales del BANIC.

Dicha auditoría la realizó la firma Arthur Anderson por encargo del Banco Mundial. El desafiante desacato del Ministro de Hacienda y la sospechosa lenidad de la Corte Suprema de Justicia, que no quiso hacer cumplir lo ordenado por ella misma, hicieron prevalecer, por la vía de hecho, el fraudulento sigilo bancario que encubrió y sigue encubriendo a muchos responsables de los delitos que se cometieron y que, muy campantemente, gozan todavía del fruto de sus delitos y depredaciones. Igualmente ocurrió con los culpables del desfalco que llevó a la quiebra en 1999 al Banco Popular, ocasión en la que también fueron protegidos los culpables con el sigilo bancario, que no debió servir de encubrimiento sin pretexto legal alguno.

Del sigilo de médicos, abogados, así como del secreto de confesión, nos ocuparemos en capítulo aparte, con la esperanza de que tales secretos no permitan el encubrimiento de delitos, hasta el extremo de permitir con sus secretos, la condena de inocentes por no cumplir con la obligación legal de señalar a los verdaderos culpables.

Estoy plenamente de acuerdo con Valentín Barahona Mejía en repudiar, no solo a los políticos y juristas, sino también a los escritores y seudoescritores que tienen una doble moral, aunque yo, al fin y al cabo, considero que peor que tener una doble moral es no tener ninguna.

 

Managua 26 de febrero del año 2013.

 

* Abogado