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En Nicaragua, las instituciones democráticas establecidas en la Constitución siempre han sido vaciadas de su contenido por los gobernantes de turno, pues la cultura política y el sistema de valores de la sociedad, anclados en el pasado, se ha caracterizado por engendrar gobiernos personales por encima de las leyes, lo que inevitablemente da lugar al caudillismo, al clientelismo político, la corrupción y la pobreza. En consecuencia, la sociedad nicaragüense entra en el siglo XXI bajo condiciones internas adversas para su desarrollo económico y social.

Como consecuencia de este enfoque cultural premoderno, sucesivamente los dirigentes políticos locales han ignorado la importancia del sistema democrático para el desarrollo económico y social del país, y sobre todo cómo establecerlo y profundizarlo. Desde esta realidad no es posible que los poderes políticos tradicionales puedan efectuar el más mínimo proceso de transformación de los antivalores existentes en la sociedad y en el Estado, y como consecuencia el país pueda salir de su humillante primitivismo socioeconómico.

Todo lo anterior imposibilita cualquier tentativa de transición hacia una sociedad que garantice Instituciones Democráticas y respeto a la ley como condición del desarrollo económico y la justicia social. Lograr la apertura y democratización del sistema político en Nicaragua y la afirmación de los derechos ciudadanos, en el marco del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de la República, es una ardua tarea todavía pendiente en Nicaragua.

Ese cambio sólo será posible si es producto de un aprendizaje razonado de los valores propios de una cultura democrática y de la relación entre Democracia y desarrollo socioeconómico, realizado gradualmente desde una Sociedad Civil mayoritariamente joven y consciente de que sólo la construcción de un Estado Moderno como expresión de un sistema democrático, puede estructurar a Nicaragua como un país viable para sus habitantes.

Estadísticamente la población de Nicaragua es joven. Según el Censo Nacional 2005, aproximadamente el 71% tiene menos de 30 años. En su actitud política, la juventud nicaragüense se manifiesta resignada e indiferente y la solución a sus problemas no la busca en su propio país, pues ha perdido la confianza en los políticos y en la política, al extremo que solo ve salida a su futuro en la emigración.

La manera primitiva de ejercer el poder por encima de las leyes, la escisión e intolerancia partidaria de la sociedad promovida desde el poder, la violación a los derechos ciudadanos, la ingobernabilidad, la corrupción del sistema político vigente, con el consiguiente empobrecimiento social y económico, ha obligado a la juventud a emigrar. Esta desesperación es debida, sin duda, a que los jóvenes desconocen que la democracia como sistema y método de gobierno puede cambiar sus horizontes.

Para que los y las jóvenes nicaragüenses sean el motor del proceso de cambios que el país está demandando, es indispensable que tengan conocimiento y conciencia de qué es en realidad la Democracia y cómo un sistema democrático presupone un proceso y un conjunto de valores éticos y políticos que lo hacen superior a otros sistemas; que conozcan la importancia de las instituciones democráticas como mecanismos de control al ejercicio del poder y cómo el respeto a la ley es el fundamento de la convivencia humana y del crecimiento económico y social.

Se requiere formar a la mayor cantidad de jóvenes para que gradualmente dejen de ser instrumentos de la cultura política retrógrada y se conviertan en ciudadanos reales, y de esta manera sean el relevo generacional que impulse este proceso de cambios. Es fundamental para Nicaragua implementar desde la sociedad civil un proceso de transformación cívico democrático que propicie la enseñanza y reflexión entre los jóvenes sobre las verdaderas causas de nuestro atraso, y establecer una vinculación lógica entre Desarrollo/Subdesarrollo y Democracia, transmitiendo la explicación fundamental del “Por qué Nicaragua es pobre”.

Dicho proceso no debe constituirse en mera información académica y adquisición de conocimientos, sino que debe contribuir a transformar desde los jóvenes la cultura política del país, mediante la formación de un nuevo liderazgo, ético, crítico y responsable; liderazgo transformador que apunte al cambio y que redefina el concepto de uso del poder. No para reproducir el destructivo sistema actual, útil solo para el bienestar de grupos reducidos, sino para mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad.

Un liderazgo que comprenda las ventajas que ofrece el sistema democrático frente a otros sistemas de gobierno, que promueva la gobernabilidad y estabilidad social, que se sustenta –como vemos en los países desarrollados– en el respeto desde los poderes del Estado a la Constitución Política y al sistema jurídico, bajo el principio de que nadie puede estar por encima de la Ley, pues su supremacía es un principio ineludible del Estado de Derecho.

 

* Abogado constitucionalista y presidente de

FUNDEMOS.

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