Jorge Eduardo Arellano
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NUEVA YORK
El paquete de rescate de 700 mil millones de dólares del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Hank Paulson, se ha topado con dificultades en el Congreso. Y con razón: está mal planeado. El Congreso faltaría a sus responsabilidades si diera al secretario del Tesoro un cheque en blanco. La propuesta de ley enviada al Congreso incluso contenía texto que eximiría a las decisiones del secretario de ser examinadas por cualquier tribunal u organismo administrativo --el sueño cumplido de la administración Bush de un poder ejecutivo unitario--.

El historial de Paulson no inspira la confianza suficiente para darle discreción sobre 700 mil millones de dólares. Las medidas que tomó la semana pasada provocaron la crisis que hace que el rescate sea necesario. El lunes permitió que Lehman Brothers quebrara y se negó a facilitar fondos para salvar a AIG. El martes tuvo que dar marcha atrás y conceder un crédito de 85 mil millones de dólares a AIG con condiciones punitivas.

El colapso de Lehman trastornó el mercado de papel comercial. Un importante fondo del mercado monetario “reventó al dólar” y los bancos de inversión que dependían del mercado de papel comercial tuvieron dificultades para financiar sus operaciones. Para el jueves, la especulación contra los fondos del mercado monetario estaba en su apogeo y nunca desde los años treinta habíamos estado tan cerca de una debacle. Paulson volvió a dar marcha atrás y propuso un rescate sistémico.

El Congreso ya le había dado una vez un cheque en blanco a Paulson para solucionar el problema de Fannie Mae y Freddie Mac. Su solución puso al mercado hipotecario en la peor situación posible: los administradores sabían que si se llenaban los cheques en blanco ellos perderían sus empleos, así que se protegieron encareciendo las hipotecas y haciéndolas menos disponibles. En unas semanas, el mercado obligó a Paulson a hacerse cargo de esas compañías.

La propuesta de Paulson de comprar los valores problemáticos vinculados con las hipotecas plantea un problema clásico de información asimétrica. Es difícil valuar las acciones, pero los vendedores saben más sobre ellas que los compradores: en cualquier proceso de subasta, el Tesoro acabaría llevando la peor parte. La propuesta también está plagada de problemas latentes de conflictos de interés. A menos que el Tesoro pague de más por los valores, el plan no sería un alivio. Pero si el plan se utiliza para rescatar a bancos insolventes, ¿qué obtendrán a cambio los contribuyentes?
Barack Obama ha señalado cuatro condiciones que se deberían imponer: ventajas para los contribuyentes además de los perjuicios; una junta bipartidista que vigile el proceso; ayuda para los propietarios de los hogares y no sólo para los tenedores de las hipotecas; y ciertos límites a las compensaciones de quienes se benefician del dinero de los contribuyentes. Estos son los principios adecuados. Se podrían aplicar mejor capitalizando directamente a las instituciones sobre las que pesa la carga de los valores problemáticos en lugar de librarlas de ellos.

La inyección de fondos del gobierno sería mucho menos complicada si se aplicara al capital y no al saldo. Setecientos mil millones de dólares en acciones preferenciales con garantías podrían ser suficientes para compensar el hueco que creó la explosión de la burbuja inmobiliaria. En contraste, añadir 700 mil millones de dólares por el lado de la demanda podría no ser suficiente para detener la caída de los precios de los bienes inmuebles. También se debe hacer algo por el lado de la oferta. Para evitar que los precios de las casas caigan demasiado, el número de embargos debe mantenerse al mínimo. Las condiciones de las hipotecas deben ajustarse a la capacidad de pago de los propietarios.

El paquete de rescate no se ocupa de esta tarea. Hacer las modificaciones necesarias es una labor delicada que se complica por el hecho de que muchas hipotecas se han dividido y reestructurado en forma de obligaciones de deuda garantizadas. No obstante, el paquete puede allanar el camino mediante la modificación de las leyes de quiebra en lo relativo a las residencias principales.

Ahora que la crisis se ha desatado, tal vez sea indispensable un paquete de rescate de gran escala para controlarla. Lo correcto es reconstruir las agotadas hojas de balance del sistema bancario. No todos los bancos merecen ser rescatados, pero se puede confiar en que los expertos de la Reserva Federal tomen las decisiones adecuadas.

Se podría castigar a las administraciones que no quieran aceptar las consecuencias de sus errores pasados privándolas de las facilidades crediticias de la Reserva. La facilitación de los fondos del gobierno también debería alentar al sector privado a participar en la recapitalización del
sector bancario y poner fin a la crisis financiera.

George Soros es presidente de Soros Fund Management.

Copyright: Project Syndicate, 2008.

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