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Roy Chaderton, representante de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, inició su intervención en la última asamblea extraordinaria recordando a los periodistas presentes que “la noticia era el debate, no el resultado del debate”. No entendí porqué lo decía, sino el día posterior al debate: esos periodistas no escribieron nada acerca del contenido del debate –menos del discurso de Chaderton—, solo sobre los países que estuvieron en favor y en contra de las reformas al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y otras cosas secundarias.

Chaderton conoce el papel de esos periodistas, y por eso su ironía. De forma que, el ciudadano que desee enterarse del fondo del debate en la OEA, debe buscar la información por otros medios. Es habitual que las “noticias” sean para la mayoría de la gente lo que quiera que sean las agencias de noticias dominantes en el mundo. A eso, le dicen desinformación.

Después de su irónica alusión, Chaderton mencionó –sin entrar en detalles— que la actual OEA no es la del tiempo del presidente Jimmy Carter. Los funcionarios que aún andan al frente de esta OEA, recordó Chaderton, no dijeron una sola palabra a favor de los derechos humanos de los venezolanos asesinados por el ejército cuando se produjo “El caracazo” por causa de las bárbaras medidas neoliberales del gobierno de Carlos André Pérez, en 1988, En cambio, la OEA intervino apresurada con su apoyo a un tal Carmona, empresario “presidente” por pocas horas de los golpistas del 2002, en contra de la Constitución de Venezuela y su presidente Hugo Chávez Frías.

No hay instituciones ni dogmas, con los cuales sobreviven, que actúen exactamente igual todo el tiempo. Lo señalado por Chaderton en cuanto a la conducta de la actual OEA con respecto a Venezuela, contrasta con la actitud de la OEA en la Nicaragua de 1978, cuyo informe, resultado de una investigación in situ, fue esencial para el rechazo y la condena internacional de la dictadura somocista. Los once puntos con que constó ese informe –desde el primero al último— fueron demoledores con sus verdades sobre la criminalidad del gobierno de Somoza Debayle y su Guardia Nacional; veámoslos:

“1) El Gobierno de Nicaragua es responsable de graves atentados al derecho a la vida, en transgresión, a demás, de las normas del derecho internacional humanitario, al reprimir excesiva y desproporcionadamente las insurrecciones que tuvieron lugar en septiembre de 1978 en las principales ciudades del país. Los bombardeos de la Guardia Nacional a las poblaciones se hicieron indiscriminadamente y sin previa evacuación de la población civil, lo que trajo como consecuencia una situación dramática tipificada como crímenes de lesa humanidad.”

Y el último punto del informe de la CIDH, comienza con otro hecho violatorio entonces (igual que lo sigue siendo ahora): “11) También está sometido a obstáculos de orden práctico el derecho al sufragio.”

En origen y objetivos de la OEA y su órgano especializado, la CIDH, básicamente siguen siendo los mismos, pero no siempre ni en todas partes han actuado de igual forma. La OEA ha tenido una actuación pendular, según la conveniencia política de su patrocinador: por razones distintas, Somoza, en 1978, ya era un estorbo para los Estados Unidos, como Venezuela lo es ahora.

El reciente debate en ese organismo continental se centró en las reformas al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), una de las cuales –según opina Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos—, en “judicializar los procesos de las medidas cautelares en detrimento de la urgencia”. Es decir, que las medidas cautelares de los derechos humanos se verían sometidas a procesos judiciales antes de aplicarse, lo cual retrasaría la justicia.

Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia se oponían y propusieron que la OEA deje de tener su sede en Washington, y que la CIDH no debe recibir financiamiento extra continental. Como las decisiones se toman por mayoría, el tutelaje de los Estados Unidos sobre la OEA no desaparecerá, ni cambiará de sede, como ya lo acordó.

Venezuela tiene como argumento contra la OEA su relativa reciente actuación. Pero, ¿qué razones tiene el gobierno de Nicaragua contra la OEA? Aparte del papel de su papel contra Cuba en los años 60, y la solidaridad con el gobierno de Venezuela, también Ortega se sabe culpable de violación “al derecho del sufragio” –y de otros derechos—, como lo era Somoza, y la OEA lo consignó en su informe de 1978. Para su víctima, el pueblo nicaragüense, es una mala razón.

 

oguevaral@hotmail.com