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En días recientes la Secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Sra. Roberta Jacobson, opinó (utilizaré esa palabra) sobre asuntos internos de Venezuela a propósito de la intensa campaña electoral que ya vive ese país y que desembocará en los comicios del 14 de abril próximo. Entre otras cosas dijo: “Nos gustaría que hubiera observadores internacionales, por ejemplo, la OEA o la Unión Europea, pero no sabemos si el gobierno venezolano va a acceder a invitarlos… Eso incluye una prensa libre que no hemos visto en los últimos años en Venezuela”.

Como era de esperarse, autoridades venezolanas rechazaron los comentarios considerándolos una clarísima injerencia en los asuntos internos del país. La Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, fue una de las que respondió a Jacobson; no se esperaba menos, pues puso en duda la credibilidad de la institución bajo su responsabilidad.

Pero el periódico El Nacional, de los que defiende Jacobson, se encargó de desmentirla y poner en entredicho su afirmación. Este medio, como la prensa en general, ejerce no solamente la libertad de expresión que hay en Venezuela, sino que ha ido más allá: desearle la muerte a la titular del CNE.

Un editorial que escondía todo el veneno contra Lucena, titulado “Doña mentira”, con una crueldad sin límites decía (cito dos aspectos del mismo): “La prensa ha sido con usted lo suficientemente discreta y honesta para no hablar de sus condiciones de salud y de asistir a su restablecimiento con respeto y respaldo pleno”. “Que Dios la perdone, doña Lucena, porque ya sabemos su destino”.

¿Qué es esto, por Dios? ¿Tan bajo ha caído la prensa de oposición en Venezuela? ¿Qué tiene que ver la institución política con una dolencia personal que con toda seguridad doña Lucena debe sobrellevar con dignidad y con el más estricto derecho a su privacidad? ¿Están exentos los dueños de este medio de comunicación de toda enfermedad? ¿Ya están perdonados ellos por Dios?

El editorial de El Nacional, así como las páginas y espacios de muchos otros medios de comunicación escritos y televisados de ese país, han arreciado sus ataques contra el CNE, en un intento desesperado ante la inminencia de la continuación del chavismo, por desprestigiar ante la opinión pública al juez electoral.

En Nicaragua cierta prensa también ha difamado y violado la privacidad de algunos funcionarios de los poderes públicos, en especial contra el Magistrado Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, esgrimiendo el mismo argumento de que todo lo que se hace es en nombre de la libertad de expresión, aunque eso pase por poner en peligro la vida, no solamente del funcionario, sino también de su familia. La rabia de los medios de allá es la misma que la de acá.

Decía el editorialista de El Nacional que desde que llegó Lucena al CNE esa institución ha recibido la mayor cantidad de acusaciones de fraude. Desde hace 14 años que se instaló el chavismo, pues. Qué casualidad: en la última década el CSE de Nicaragua acarrea las mismas acusaciones provenientes de los mismos sectores con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales con agendas partidarias, cuyos directivos envejecen en esos cargos y se dicen “expertos en asuntos electorales”.

En Venezuela y en Nicaragua la oposición dice que las autoridades electorales se roban las elecciones. Casi siempre cuentan, en víspera de cada comicio, con el empellón de un alto cargo de EU o Europa para hacer señalamientos injerencistas. No faltan por supuesto en el “coro” los partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones autodenominadas de la sociedad civil y hasta un sector recalcitrante de la iglesia católica, en una actitud servil.

 

* Periodista