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Centroamérica, según la tendencia de la última década, después de llegar al extremo de las consecuencias de la violencia delictiva en 2010 con la mayor cantidad de muertes, acercándose a 18 mil víctimas, parece que, social e institucionalmente exhausta ante una problemática que desgasta la convivencia y limita su desarrollo humano y económico, comienzan quizás a modificarse los factores que inciden en la violencia criminal.

Hay muestras que revierten esa tendencia durante dos años consecutivos; en 2011 y 2012 han bajado las tasas de homicidios en todos los países de la región, en distintas proporciones (sobre las posibles causas nos referiremos en otro momento), excepto en Honduras, que constituye el eslabón político, social e institucional más frágil, a pesar que el crimen organizado continúa siendo también un problema en Guatemala, y que la amenaza externa y las vulnerabilidades internas, la exclusión social y las brechas socioeconómicas continúan en la raíz de las causas, son un asunto persistente, no resuelto, menos grave en Costa Rica y Panamá que presentan un índice de desarrollo humano mayor y menos desempleo.

En El Salvador, en 2012 ocurrió la más sorprendente reducción; después de la tregua entre las dos grandes agrupaciones de pandillas, la tasa de homicidios bajó de manera sorprendente hasta 41 x 100 mil habitantes; el total de víctimas fue de 2,578, dos mil menos que en 2011. Aunque todavía sigue siendo una cifra muy alta, la tendencia es alentadora.

En Nicaragua los programas de apoyo social impulsados por el gobierno durante los últimos años para paliar los profundos déficit existentes, han permitido atender los problemas urgentes, mejorar el acceso a la educación, la salud y la seguridad social, reducción de la pobreza, lo que contribuye en disminuir las tensiones sociales, mejora la convivencia y la seguridad ciudadana.

El país registró 698 víctimas, 70 menos que en 2011. La tasa de homicidios se reduce a 12 x 100 mil habitantes, bajando casi un punto con respecto al año anterior. Se acerca al nivel que tuvo en el año 2000, de 10 homicidios x 100 mil habitantes.

Guatemala tuvo 507 víctimas menos (- 9%) según reporte de la Policía Nacional Civil; mientras en 2011 hubo 5681, el año pasado fueron 5174, una magnitud crítica para una población de casi catorce millones de habitantes.

Costa Rica, por segundo año consecutivo, redujo la tasa de homicidios de 10.3 a 8.3 x 100 mil habitantes, similar a la media mundial, de 473 casos bajó a 394 (-7%, 79 víctimas menos), se acerca a la tasa que tenía en el año 2000, de 6 x 100 mil hab. Es el único de Centroamérica donde este indicador “no se considera epidémico” según criterios de la Organización Mundial de la Salud, porque se encuentra debajo de la barrera de diez muertes por cada cien mil habitantes, todas las otras naciones de Centroamérica, incluso Nicaragua, están encima.

Panamá registró una importante reducción de 12% (-94 casos), de 759 homicidios en 2011 bajó a 665 en 2012. Honduras continúa siendo el más vulnerable, no ha logrado revertir su tendencia adversa de la última década. En 2011 tuvo una tasa de homicidios de 86.5 x 100 mil habitantes. En 2012 murieron 7,172 personas y en 2011 fueron 7014, aumentó en 68 víctimas.

Centroamericana, durante el año que concluyó, registró 2,682 víctimas menos; es una relevante reducción del 14% con respecto a 2010. A pesar que el delito más grave disminuye, en general la percepción de inseguridad no baja, en parte porque es multicausal e influyen aspectos sociales, económicos y culturales; puede ser que la cifra oscura aumente en la no denuncia de delitos menos graves, quizás por la desconfianza en las instituciones de la seguridad y la justicia y porque la percepción sobre los hechos no ha sufrido modificaciones visibles.

Podrán reducirse los delitos, pero si no mejora la comunicación, la información, la transparencia, el acceso social y la confianza en las entidades públicas e interpersonales, el efecto positivo de reducción de homicidios sobre la percepción de seguridad será retardado y puede ser persistente la brecha. La seguridad ciudadana tiene inseparablemente cuatro componentes: hechos, percepción sobre los hechos, respuesta institucional y confianza institucional y social.

 

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