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El panal ha sido alborotado; grupos radicales y extremistas llaman a plantarse ante la CSJ para coaccionar, intimidar y amenazar a magistrados; sin ética se insta recusar a la Sala Constitucional; embriagadas por el fanatismo acusan de agresores a ciudadanos que se oponen a la ley; todo porque hay recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 779, cuyo fallo deberá resolverse en los próximos meses.

En enero de 2012, sectores oportunistas, valiéndose de la novatada de un nuevo parlamento, legisladores empíricos, sin tener un estudio científico del fenómeno de la violencia, en forma ciega e irresponsable dieron el visto bueno a dicha ley, cuyo cuerpo contiene aberraciones jurídicas que lesionan y contradicen la ley fundamental de la república.

Una vez en vigencia la ley, ciudadanos valientes y decididos, nadando contra la burda manipulación de grupúsculos minoritarios disfrazados de defensores de las mujeres, interponen recursos por inconstitucionalidad a tenor del artículo 187 de la Carta Magna, que reza: “Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano”.

El grupito anti-hombre está consciente que la Ley 779 tiene graves roces con la Constitución, pues contradice el principio de igualdad ante ley. No es que hombre y mujer sean iguales entre sí, sino que deben ser tratados como iguales conforme la constitución y la ley, es decir, si el hombre o la mujer ejercen violencia, matan o lesionan, el autor del hecho punible ha de ser juzgado en igualdad de condiciones por una misma ley, por un mismo juez, bajo un mismo procedimiento penal.

Pero ahora vemos casos de mujeres que matan a otras mujeres o a un hombre, y a la autora se le juzga con otra ley, mientras el hombre autor del mismo delito es llevado a fuero especial, que es inconstitucional.

Lo más deplorable es que magistrados de la CSJ están actuando como Juez y Parte. Tristemente de la Corte salió cocinada la ley 779. Solo en este país se puede ver semejante bochorno, donde magistrados acusan a otros magistrados por decir que la ley es inconstitucional; con ello se denigra la alta investidura, se falta a la ética, toman partido a favor de una de las partes; en la calle quedó el principio de imparcialidad; obvian que al final a ellos les corresponderá dictar el fallo.

Da tristeza ver a la presidenta de la CSJ actuar como una activista; se ha puesto a la cabeza en defensa de dicha ley; por eso agita a través de los medios para que las mujeres se movilicen en masa.

El magistrado Rafael Solís tardíamente reconoce que la ley tiene defectos constitucionales de forma y fondo, señala que la ley, en cuanto a las penas, es excesivamente dura, que los condenados no gozan de ningún beneficio de suspensión o libertad condicional; que hay que revisar el asunto del perdón de la víctima; ese reconocimiento público solo fue posible por los recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la CSJ.

En países modernos y avanzados, a los magistrados les está prohibido presentar proyectos de ley, salvo en casos que tienen que ver con la organización de la justicia; para evitar que se vuelvan Juez y Parte y puedan resolver los recursos por inconstitucionalidad con imparcialidad y equidad.

Aunque el movimiento fanatizado acuse de agresores a los que nos oponemos a la ley de marras, en principio, como ciudadano tengo el deber y la obligación de salir en defensa de la Carta Magna, y sí por esa razón el fundamentalismo dogmático nos estigmatiza, bienvenido sean los desaciertos de estos grupos.

 

* Abogado y Notario