Jorge Eduardo Arellano
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En la edición del 18 de septiembre de EL NUEVO DIARIO, el doctor en derecho penal y profesor de esta materia en la UCA, Manuel Aráuz Ulloa, escribió un artículo de OPINIÓN con el título: “El costo del día multa”. En ese artículo sostiene que el día multa (recién introducido en la clasificación de las penas por el nuevo Código Penal) trata de garantizar el principio de igualdad, sancionado en la Constitución de la República.

Escribe el Dr. Aráuz: “El sistema de multa tasada, de aplicación general, violenta el principio constitucional de igualdad”. Es decir, la multa pecuniaria por una cantidad fija de dinero --que aún subsiste como pena en el nuevo Código Penal, para faltas leves--, sería, a criterio del Dr. Aráuz, inconstitucional y, por lo tanto, ilegítima y sin valor legal. En defensa de su tesis, que sostiene que el principio de igualdad es la razón causal de las penas establecidas en el nuevo Código Penal, argumenta el Dr. Aráuz: “El principio de igualdad se basa en el reconocimiento de la diferencia. La ley debe tratar igual lo que es igual y de manera diferente lo que es diferente. No puede tratar igual a un adulto que a un niño, ni a un demente que a una persona capaz. Con una tasa fija, ante dos hechos iguales, la ley es más dura con quien gana menos. ¿Es o no una violación al principio de igualdad?
El sistema del día multa trata de garantizar este principio de igualdad. La cantidad de la multa está determinada, en cada caso, por lo que gana como salario el penalizado”.

Para empezar, si se intenta comprender acertadamente la realidad, hay que ser rigurosos con los conceptos. El título mismo del artículo del Dr. Aráuz – “El costo del día multa”-- es inexacto. Una multa establece un monto a pagar, no un costo. Una pena puede consistir en una cantidad de días sin libertad, en una cantidad de días de obras públicas, en una cantidad de dinero a pagar, etc. En ningún de estos casos, se trata de un costo.

Costo es un término económico que expresa el trabajo social incorporado en un bien. En la contabilidad empresarial, los costos dan una información económica relevante para evaluar la productividad de una empresa o su liquidez financiera.

El monto a pagar por una multa no es un costo para el penalizado, sino, una pérdida económica, un castigo, sin ningún servicio, bien espiritual o material a cambio.

Con mayor ligereza, el Dr. Aráuz hace creer que la Constitución de la República tiene por principio la igualdad, como si se tratara de una entidad inmaterial que vela por un ideal. Nadie en su sano juicio persigue una igualdad en todos los ámbitos, en abstracto, para imponerla a una realidad contradictoria.

Las cartas fundamentales de las sociedades modernas intentan, únicamente, suprimir la sanción de privilegios y la discriminación de los derechos legales entre los ciudadanos. No obstante, como una superación a la ideología liberal que se detiene en la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley, las legislaturas modernas, influidas por las luchas socialistas, sostienen la discriminación positiva, que consiste en privilegiar a los niños, a los ancianos, a las madres, y a seres desvalidos que reclaman una atención preferencial en multitud de circunstancias.

Todavía más. En lugar de seguir un ideal metafísico de igualdad, el derecho tiende, como expresión de las luchas sociales y de las futuras transformaciones del sistema productivo, a imponer cada vez más la solidaridad humana en el orden social.

La idea de igualdad de derechos ante la ley, dará, más bien, un salto cualitativo hacia un criterio jurídico socialista con base a la desigualdad real de los seres humanos, por el cual, cada quien aportará según su capacidad y recibirá según su necesidad. Esta máxima corresponde a abandonar para siempre el trato de los seres humanos como mercancías de intercambio, como factores de producción regidos, hasta ahora, por algún criterio de valor de cambio igualitario.

Por otro lado, hay que retorcer el significado del lenguaje para sostener --como hace el Dr. Aráuz-- que el principio de igualdad constitucional lleva a tratar de manera diferente lo que es diferente. Lo que hace que cada cosa se trate de acuerdo a sus características propias es el simple sentido común, no un cuerpo doctrinario legal de igualdad, que el Dr. Aráuz presenta como si fuese la Teoría científica del Todo.

En realidad, ninguna de las ramas del derecho tiene por finalidad cumplir con un ideal igualitario. La función del derecho, en cada etapa histórica, es la de reforzar el sistema productivo y el orden social concreto que se deriva de éste. Y, en consecuencia, el cuerpo de leyes defiende, más bien, jurídica e ideológicamente, los privilegios de los sectores dominantes de la sociedad en cada época concreta.

Nuestro país muestra uno de los índices más elevados, a nivel mundial, de desigualdad en la distribución del ingreso. No hay, a este respecto, ningún principio constitucional que por sí solo mueva un ápice la curva de Lorenz, para disminuir el área de desigualdad social. Esto sólo puede conseguirse por la organización y la lucha política de las masas oprimidas en contra del sistema económico, y en contra de la superestructura jurídica que sostiene legalmente las bases económicas de tal desigualdad. Es decir, sólo es posible con la transformación cualitativa de la base material de producción y de la superestructura jurídica (incluidos los principios constitucionales).

Los días multa se han introducido en los códigos penales de las sociedades modernas (de las cuales los ha copiado Nicaragua), no por algún principio de igualdad, como piensa el Dr. Aráuz, sino, por una razón práctica mucho más simple. Por razones económicas, que atañen a la conveniencia de reducir la población en los penales.

Para un buen porcentaje de faltas, medio graves y leves, se ha visto conveniente introducir una pena intermedia entre la multa y la supresión de libertad, que no sólo disminuya los costos del sistema penitenciario actual, sino, que signifique, más bien, una fuente de ingresos adicionales para este sistema carcelario.

La pena de supresión de libertad se sustituiría (en una buena gama de delitos) por la pena de reducir la calidad de vida del condenado. De esta forma, el condenado seguiría como un ciudadano productivo, en grado de velar aún por su familia. Pero, para que la disminución de la calidad de vida sea efectiva, se considera que el monto de la multa a pagar no debe ser una cantidad fija, sino una función matemática que toma como variable independiente los ingresos reales del condenado en cada caso. Así de simple.

Pero, para mayor ironía, y dado que este tipo de penalización variable incrementa el poder discrecional de los jueces, es más probable que en lugar de garantizar el principio de igualdad (como el que desea mostrar con ingenuidad el Dr. Aráuz), esta nueva pena pueda convertirse en un país que se enrumba a encumbrar por encima de las leyes y de las clases sociales a la camarilla en el poder, en un arma infame de opresión adicional a los ciudadanos. Y sirva, entonces, para afirmar, con base al terror económico, el proyecto fascista que desde el gobierno intenta consolidar legalmente los privilegios y desigualdades reaccionarias del absolutismo feudal.

*Ingeniero eléctrico.