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Hay muchos tratados sobre armas estratégicas que nadie ha usado, al menos desde 1945. Pero nunca la comunidad internacional se había puesto de acuerdo sobre las armas con las que se mata y muere cada día, en las calles de México, en asaltos terroristas, en la actual insurrección siria o en las guerras africanas. No era nada fácil para las Naciones Unidas conseguir un acuerdo que no fuera meramente virtual y regulara unas mercancías cuya libre circulación tanto dolor produce.

Muchos son los intereses que han venido obstaculizando la regulación de uno de los mercados más anárquicos de la economía mundial. Ahí estaba la enorme y temible coalición formada por la industria de fabricación de armas y munición y por los numerosos clientes de todo bordo que siempre hay para estas sucias y letales mercancías.

Ningún país del mundo sintetiza mejor que Estados Unidos la alianza entre los intereses de oferta y demanda que ha salvaguardado a las armas de la regulación. El 40% del mercado mundial está en manos de la industria estadounidense. Y este país es el que tiene los más poderosos grupos de presión de usuarios individuales, amparados en una peculiar interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución.

No puede extrañar, por tanto, que Washington fuera hasta 2006 el principal boicoteador de cualquier intento de control sobre el comercio de armas en el mundo, al mismo nivel en que sus grupos de presión han venido impidiendo hasta ahora mismo la regulación del comercio interior y defienden la venta libre de armas de asalto y la existencia de ferias y convenciones donde se pueden adquirir sin control alguno.

El primer paso del Tratado sobre Comercio de Armas ahora aprobado lo dio la Asamblea General de la ONU hace siete años con una resolución que tuvo enfrente precisamente a EE.UU., único país que votó en contra de lanzar el debate para la regulación. La Administración de George W. Bush, entonces al mando, había declarado a Naciones Unidas irrelevante y se oponía firmemente a cualquier acción multilateral.

Todo cambió con la llegada de Obama a la Casa Blanca. La Administración demócrata oficializó el cambio de posición en 2009, cuando estuvo a favor de una nueva resolución que impulsaba el Tratado, en la que el único voto en contra fue el del Zimbabue del viejo dictador Robert Mugabe. La posición de Washington todavía iba a evolucionar más.

La secretaria de Estado del momento, Hillary Clinton, pedía la aprobación por consenso, una forma de dar derecho de veto a cualquiera de los estados miembros. En 2013, tras el bloqueo de la Conferencia internacional, que se ha reunido en dos ocasiones, una el año pasado y otra este pasado mes de marzo, sin alcanzar el acuerdo, EE.UU. ha cambiado de nuevo de criterio y accedido a que fuera la Asamblea General la que aprobara el Tratado, sin que entrara ya en juego la eventualidad de un bloqueo.

El Tratado ha contado con tres votos en contra, Corea del Norte, Irán y Siria, países que también bloquearon la aprobación por consenso en la Conferencia Internacional. Es una irónica paradoja que 10 años después de la guerra de Irak y de la ofensiva de Bush contra la ONU, sea el organismo más democrático de la organización internacional el que designa por exclusión a los tres componentes del eje del mal, los tres proliferadores nucleares más o menos confesos, que reclaman como los neocons la libertad de mercado y la soberanía.

En el mismo instante en que Obama está perdiendo la batalla contra el libre mercado de las armas en su país, acaba de ganar otra más amplia en la escena internacional. Es una batalla modesta y realista, basada en la transparencia y el control nacional bajo supervisión de la ONU. Contiene huecos y salvedades: la munición y las partes sin montar quedan fuera del control más estricto; no entran los drones, los vehículos blindados y el material antidisturbios; los acuerdos bilaterales entre países quedan también exentos. Pero ha permitido obtener la abstención de grandes comerciantes como China y Rusia.

Aunque no se entromete en el derecho individual a portar armas que defienden los grupos de presión estadounidenses, la reacción de estos no deja lugar a dudas. Aliados con El Asad, Kim Jong-un y Jamenei, denuncian el atentado a la libertad de los ciudadanos y la soberanía de los Estados y se escandalizan ante el poder de la Asamblea General de la ONU. Su airada reacción indica la bondad del camino emprendido por la comunidad internacional, aunque es casi seguro que el Tratado se encontrará con un muro cuando llegue para su ratificación al Senado, donde los republicanos tienen minoría de bloqueo.

 

* Periodista de El País, España