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La sociedad está siendo sacudida por un terremoto de magnitud 7, escala de Richter. El epicentro es la ley 779. Los periódicos publican escritos de opinión, prominentes religiosos, políticos, CSJ, movimientos de mujeres, diputados y meros ciudadanos, son parte del debate, cada cual desde su perspectiva vierten criterios, unos satanizan la ley otros la apoyan a ultranza.

Aun se habla de reformar la ley, cuya vigencia no tiene un año, más los estragos y destrozos lo sienten miles de familias divididas y destruidas por la draconiana legislación. A regañadientes algunos diputados han tenido que reconocer el desastre, pero eximen de culpa a la ley, culpan de las abusos y arbitrariedades a la Policía Nacional, cuando en verdad la ley fue redactada de tal modo que obliga a las comisarías de la mujer a proceder conforme el principio inquisitorial: “verdad sabida buena fe guardada”, al punto que todo lo que diga la mujer en la policía es palabra de Dios.

Ante la posibilidad de que la Sala Constitucional de la CSJ declare anticonstitucional la 779, el primero que dio la piedra filosofal para reformar la ley fue el magistrado Rafael Solís, calificándola de draconiana, en cuanto a penas, cero beneficios para los reos y la ausencia de mediación; subsiguientemente aparece en un medio televisivo un pastor evangélico, éste dice que un equipo de abogados prepara un proyecto de reformas, por cuanto aducen, que los niños claman por sus padres presos por causa y efectos de la ley, aunque el proyecto lo someterán a la CSJ.

Hay dos diputados que con ropaje de mujer, han salido en defensa de la ley, uno de ellos se halla en el ocaso de su carrera política, pero en forma oportunista es afiliado al grupo feminista, aparece en spot publicitario; el legislador se jacta de haber presentando un proyecto; acusa de violento su propio género; repite la retórica de que quien se opone a la ley es porque la debe. Yo entiendo cuando se justifica que las mujeres sean las abanderadas en esta polémica, pero es incompresible e irracional que un hombre se meta en asuntos de faldas, máxime cuando quien lo hace es supuesto conocedor de la constitución y la ley; esta negación de la negación sólo tiene una explicación: el susodicho diputado, como buen demagogo y oportunista que es, quiere hacer méritos para ganar simpatías políticas en el segmento de mujeres.

Todos sabemos que el movimiento María Elena Cuadra presentó un proyecto de ley, el cual fue desestimado por el parlamento, mas el proyecto considerado y avalado por la Asamblea Nacional, fue el proyecto presentado por la Presidenta de la CSJ.

En cuanto a quién tiene iniciativa de ley, el art. 140.3 Cn. dice: “Tiene iniciativa de ley: 3. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los Consejos Regionales autónomos y los concejos municipales, en materias propias de su competencia”.

Lo anterior en buen cristiano significa que la CSJ solo tiene iniciativa de ley en asuntos de su competencia, es decir, en cómo organizar los tribunales de justicia, juzgados, jueces, mas está inhibida para presentar iniciativas de ley para tipificar delitos, imponer penas, atacar la violencia, etc.

Al aceptar el parlamento el proyecto de la CSJ, con ello violentaron la Carta Magna, cuya infracción deberán tomar muy en cuenta los magistrados de la Sala Constitucional, al momento de dictar sentencia contra la ley 779. De forma y de fondo la 779 es anticonstitucional, por cuanto infringe varios preceptos de la Carta Magna, desde la iniciativa presentada por parte de un poder de Estado, al que le estaba vedado presentar este tipo iniciativas.

En suma, lo que cabe es declarar inconstitucional la ley, y si se quiere atender la raíz de la violencia, lo que queda es elaborar un nuevo proyecto, pero que tenga el consenso de la sociedad y no de un grupito de mujeres que solo buscan sacar lucro personal. En consecuencia es improcedente proponer una reforma a una ley que desde que nació, nació gravemente enferma, por la enfermedad de la inconstitucionalidad.

 

* Abogado y notario