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El derecho fundamental que tenemos los ciudadanos europeos a una buena administración pública incluye, de forma especial, el derecho a que los procedimientos administrativos se resuelvan en un plazo razonable. Algo que todavía, mientras el silencio administrativo tenga carta de naturaleza normativa, es una utopía.

El derecho fundamental a la buena administración pública implica, es claro, el derecho a que las autoridades administrativas resuelvan en plazo razonable y expresamente las peticiones y solicitudes que se les dirijan. La realidad, pese a las reformas realizadas en los últimos tiempos, nos muestra que la administración pública, sobre todo sus cargos y representantes, tarda mucho tiempo en resolver cuando no optan por el silencio administrativo con los efectos jurídicos establecidos en las normas.

En muchas ocasiones el problema de los plazos, que ordinariamente maneja unilateralmente la administración, trae causa de que legisladores y administradores no tienen en cuenta a la hora de elaborar los procedimientos su naturaleza propia y señalan plazos casi siempre demasiado largos. En una administración de principios de siglo pasado o antepasado, con pocos medios y personal poco preparado, podría entenderse la existencia de plazos demasiado amplios para resolver. Pero hoy, en un Estado de Derecho, la tardanza de la administración en resolver y, sobre todo, el uso del silencio administrativo, demuestra que todavía, en el plano cultural también, no pocos administradores se consideran dueños y señores de unos procedimientos que gestionan a su libre albedrío, tantas veces con el objetivo de extraer el máximo rendimiento político o tecnocrático.

Hoy, en el año 2013, los países desarrollados, con sólidas maquinarias administrativas, con personal bien formado y con unas tecnologías eficaces, deberían desterrarse el silencio administrativo salvo para los casos de imposibilidad material de cumplimiento de la Administración, en cuyo caso hasta podría pensarse en un supuesto de ampliación motivada del plazo para resolver.

Garrido Falla decía que el silencio administrativo es una patología, una anormalidad que, por ende, debiera ser corregida y rectificada en lo posible. Para ello, es menester disponer de un sistema de plazos razonable y, sobre todo, apegado a la realidad de cada procedimiento administrativo, con plazos máximos, razonables y adecuados, para resolver.

No puede ser, de ninguna manera, que la administración pública use los plazos a su antojo y luego, por usar una expresión coloquial, se vaya de rositas. Hay, es claro, responsabilidad de la administración y, también, obviamente, de sus cargos y directivos, cuando se superan esos plazos de forma injustificada. Mientras permitamos que el lastre histórico siga su curso en relación con los supuestos de la inactividad calculada de la administración, el derecho a la buena administración, del que tanto se habla en este tiempo, seguirá siendo una quimera, un sueño.

 

* Catedrático de derecho administrativo