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El Acuerdo Administrativo 0005-2013, emitido por Telcor, el cual ordena a los operadores de telecomunicaciones solicitar visto bueno para el nombramiento de funcionarios en puestos claves, es el resultado de la cultura por las vías de hecho que por muchos años alimentaron Telcor y operadores, salvo que esta vez los empresarios, dado que la medida viola la privacidad de los ciudadanos, alzan su voz contra Telcor.

Pero, ¿en realidad los operadores han estado interesados en proteger la información de los usuarios? ¿Por qué los asesores jurídicos de estas empresas siempre recomendaron acatar como buenos alumnos los decretos de Telcor? ¿Será que la clase empresarial, a raíz de esta situación, demandará un nuevo marco jurídico para acabar con las discrecionalidades de Telcor?

El reclamo de los empresarios de la industria de las telecomunicaciones no es más que la actitud tardía de un sector que por muchos años vino legitimando la actuación de Telcor por las vías de hecho, mediante la emisión de acuerdos administrativos para regir el servicio de televisión por suscripción, telefonía móvil e Internet, en abierto detrimento de los derechos de los usuarios.

¿Por qué las empresas de telefonías siempre guardaron silencio sobre el actuar inconstitucional del ente regulador? ¿Por qué los asesores jurídicos de estas empresas siempre vinieron legitimando estas actuaciones?

En relación al presente acuerdo, Telcor no dio el paso en el vacío; midió su actuación, basado en antecedentes y en la costumbre de la relación jurídica que tejió con las empresas telefónicas, donde quienes siempre llevaron la peor parte de estas disposiciones jurídicas fueron los usuarios.

La actitud complaciente de las empresas telefónicas dio la pauta para crear un monstruo jurídico que ahora tiene la fuerza necesaria para actuar por la vía de hecho mediante acuerdos administrativos al margen de lo que dispone la presente Ley de Telecomunicaciones. Telcor llegó hasta donde sus interlocutores les permitieron llegar.

Con esto no debe asumirse que el contenido del Acuerdo Administrativo 0005-2013 es legal y legítimo, porque al margen de los intereses del gran capital lo que está en juego es el derecho constitucional a la privacidad de cada uno de los individuos, puesto que esta disposición atenta a su vez contra la libertad de expresión, y a todas luces la intención del ente regulador es controlar la principal pista de la información en Nicaragua: las bases de datos de servicio móvil e Internet.

De manera que el principal foco de atención del Acuerdo Administrativo 0005-2013 de Telcor, no sólo debe ser el derecho a la libre empresa como pujan las cámaras empresariales, sino la amenaza contra la libertad de expresión.

El Acuerdo Administrativo recurre a viejos trucos del pasado: interés público y seguridad. Dos alegatos similares que se esgrimieron durante el proceso de consulta y discusión de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), donde una serie de información de interés público fue clasificada con carácter de seguridad nacional.

Si en realidad el ente regulador estuviera preocupado por el interés público, desde hace rato debió promover políticas públicas para garantizar el acceso a Internet y abaratar los costos del servicio móvil. Igualmente, si el ente regulador estuviera preocupado por el crimen organizado en la red, ¿que estará esperando para articular una comisión interinstitucional de ciberseguridad?

Ante esta situación, existen varios escenarios que pueden dibujarse como medidas para destrabar este acuerdo: primero, que los viejos socios concesionarios y Telcor vuelvan a sentarse y llegar a un acuerdo; segundo, que en el peor de los casos empresarios recurran por la vía legal; y tercero, que el ente regulador flexibilice la medida. Cualquiera que sea el escenario, lo cierto es que el sector privado tiene una prueba ética en sus manos, para demostrar que no solo están preocupados por hacer negocios, sino también deben buscar mecanismos para garantizar la institucionalidad de las telecomunicaciones.

El paso más significativo que podrían dar los empresarios, sería demandar a la Asamblea Nacional la aprobación de un nuevo marco jurídico con trámite de urgencia, debido a que la Ley 200 ya no responde al actual contexto de las telecomunicaciones e Internet. Este nuevo cuerpo legal debe establecer reglas claras para concesionarios, usuarios y Estado.

En el fondo, los empresarios saben que un nuevo cuerpo jurídico sería la solución de fondo para superar la cultura de las vías de hecho del ente regulador. ¿Será que en esta ocasión las empresas de telefonía sí mostrarán congruencia con su discurso ético y social?

 

* Comunicólogo