•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El ministro de TELCOR, Orlando Castillo, con el acuerdo administrativo 005-2013, publicado celadamente en la Gaceta, el viernes previo a la semana santa, ha provocado una crisis nacional inesperada, como un ensayo balístico que ha puesto en vilo la estabilidad y la regulación jurídica del orden económico y político del país.

Lo cual, por desgracia, desalienta la decisión de efectuar inversiones a largo plazo, fundamentales al desarrollo estructural de la economía, dado que internacionalmente este acuerdo incrementa la valoración del riesgo institucional. Castillo reveló que fue el Presidente Ortega quien le llamó y le instruyó emitir el acuerdo, y que él se auxilió con los asesores legales de la institución para redactarlo.

El acuerdo ministerial 005-2013, establece que las empresas de telecomunicaciones (telefonía, televisión, radio, internet) tendrán un plazo de 30 días para presentar los nombres de las personas que ocupan los cargos de gerentes o directores generales, de Información o Sistemas y de Seguridad. Y los operadores tendrán que presentar la solicitud de aprobación para nuevas contrataciones, acompañada del perfil del profesional propuesto.

Es un caso único a nivel mundial, por la impericia evidente con que se vulneran derechos inalienables constitucionalmente, a partir de una motivación intrascendente; que podría quebrantar, discrecionalmente, la privacidad de los datos personales en las distintas plataformas de la comunicación.

Para Castillo, el motivo de esta intervención no es de carácter técnico, sobre la capacidad profesional de las empresas o de sus funcionarios. Castillo resalta que una vez recibida la información, de quién es el gerente de informática, lo investigarán y si viesen que está haciéndoles favores a determinadas personas ligadas al crimen organizado, lo objetarían.

“Queremos que nos platiquen, que nos digan quiénes son, si son idóneos o no. TELCOR quiere el currículo de los funcionarios de las empresas de telecomunicaciones porque tenemos que estar clarísimos de la idoneidad de los funcionarios de las empresas de telecomunicaciones, para ser aprobados o no, ya que el Estado es el dueño de las frecuencias. Todos sabemos –agrega Castillo- que las Telecomunicaciones son utilizadas por el crimen organizado para ejecutar sus acciones y maniobras”.

Se supone que debería haber en el país una entidad de contrainteligencia en grado de perseguir profesional y sigilosamente las operaciones del crimen organizado en todas las esferas. No con el fin de objetarles su contratación, sino, con el objeto de aprenderles, en el momento y de la forma más apropiada para cumplir su misión de desarticular el crimen.

En este acuerdo ministerial hay tres elementos incompatibles con una sociedad de derecho.

Primero, TELCOR, conforme a su ley orgánica, no es más que un ente regulador de las comunicaciones, sin la pretensión de desempeñar las funciones de una entidad de seguridad nacional. Segundo, ni siquiera por motivos evidentes de seguridad nacional, los derechos constitucionales de los ciudadanos pueden ser vulnerados policíacamente, por investigaciones secretas, sin una debida imputación de cargos ante el sistema judicial, en el cual el ciudadano pueda ejercer su defensa. Menos aún, de parte de una institución ajena a la policía. Tercero, por método, este acuerdo atenta contra la administración de las empresas privadas. En otros términos, la concesión de una frecuencia radioeléctrica se concede a una empresa privada si ésta cumple con requisitos técnicos, financieros y comerciales predefinidos a tal fin.

Castillo advierte que TELCOR podría llamar incluso al Gerente de Informática de las empresas de telecomunicaciones y pedirle información y colaboración con TELCOR o con la Policía Nacional, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La relación entre la policía y los ciudadanos, cualquiera que sea el empleo del civil, debe estar regulada por leyes pertinentes, y tutelada por el poder judicial. En ello, ni entra ni puede entrar TELCOR. Abusos como ésta pueden llevar a transformaciones inesperadas de la conciencia del pueblo, y generar acciones dramáticas de cambio político.

Lo más trascendente es que con tal disparate ordenado por Ortega (según lo expresa Castillo), se ha levantado por primera vez la consigna del desacato, que podría ser una excelente alternativa para dar inicio a la rebelión ciudadana contra el conjunto de disposiciones ilegales y abusivas del gobierno orteguista.

 

* Ingeniero eléctrico.